Madrid. La Fiscalía española solicitó este jueves el archivo de la investigación judicial por presunta corrupción contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Esta pesquisa se originó a raíz de una denuncia presentada por una asociación, la cual admitió haberse fundamentado únicamente en artículos de prensa.
El anuncio de esta investigación llevó al jefe del ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, a manifestar la noche del miércoles que está evaluando si dimite o permanece en el cargo, una decisión que dará a conocer el próximo lunes.
“Fuentes del Ministerio Público indicaron que la Fiscalía solicita la revocación del auto del tribunal madrileño que abrió la investigación y el archivo de la causa”. Con las diligencias declaradas como secretas por el tribunal, ni la corte ni la fiscalía dieron más detalles sobre esta investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias sobre Begoña Gómez.
Según el medio digital El Confidencial, el tribunal investiga los vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, durante conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19 que finalmente se logró.
Pedro Sánchez enmarcó las denuncias contra su esposa en una “estrategia de acoso y derribo” conducida por “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”, respaldada por la derecha y la extrema derecha.
La denuncia que originó la investigación fue presentada por Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, que reconoció en un comunicado la noche del miércoles que se basó exclusivamente en informaciones periodísticas que afirmaban presuntas irregularidades, cuya veracidad debe determinar la justicia.
“Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial debe proseguir”, señaló Manos Limpias.
Miguel Bernad, fundador de Manos Limpias en 1995, es un antiguo dirigente del partido Frente Nacional que fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021, acusado de participar en una red de extorsión, pero finalmente fue absuelto en apelación por falta de pruebas.