Lima. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder de Perú solicitó el lunes 36 meses de impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes Navarro. El pedido se presentó ante el juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano.
La misma medida alcanza a Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la esposa del presidente Pedro Castillo, y Hugo Espino, el joven empresario que el viernes salió en libertad luego de acogerse a la confesión sincera y brindar su testimonio sobre su rol en la presunta red delictiva liderada por el mandatario.
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El Comercio tuvo acceso al requerimiento fiscal. La primera dama es investigada por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. El equipo especial, liderado por la fiscal superior Marita Barreto, considera que la esposa del mandatario era la coordinadora de este grupo delictivo enquistado en los puestos más altos del Poder Ejecutivo y dedicado a la entrega de obras públicas de manera fraudulenta.
Además, dicho equipo recalca que ella mantenía al tanto al mandatario de cada una de las gestiones ilícitas cometidas por este grupo delictivo. El papel de Paredes habría consistido en ser el rostro visible de la organización, que el Equipo Especial denominó “Red Criminal en el Poder”. Su ubicación en el organigrama estaba solo por debajo de los ministros de Estado y el presidente Castillo.
A través de la esposa del mandatario, los integrantes de esta presunta red delictiva coordinaban los actos preparatorios para el direccionamiento de las obras públicas, según la Fiscalía, y era por intermedio de ella que se efectuaban las visitas a Palacio de Gobierno.
Rol distinto tenía su hermana menor Yenifer Paredes, quien, para los representantes del Ministerio Público, cumplía el rol de “lobbysta”: era quien presuntamente captaba a los diferente alcaldes con el propósito de ofrecerles celeridad y viabilidad en sus proyectos de construcción que necesitaban fondos aprobados por el Ejecutivo.
A cambio, las empresas del entorno de la cuñada de Castillo salían elegidas para la elaboración del expediente técnico y posterior ejecución de la obra pública, como es el caso de las empresas de fachada de los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana.
Sobre la primera dama, Castillo aseguró el viernes pasado que estaba dispuesta a entregar “en las próximas horas” su pasaporte como demostración de que no iba a salir del país. “Ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse, no solo a la justicia, sino demostrar su inocencia”, dijo el mandatario. Sin embargo, al cierre de esta nota, el pasaporte no fue entregado.
Palabra de Espino
El Equipo Especial sustenta su requerimiento con testimonios de diversos colaboradores eficaces, testigos protegidos, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los distintos elementos hallados en el domicilio de Yenifer Paredes como sellos de autoridades municipales y judiciales y actas de sesiones de diferentes municipios.
Pero, sobre todo, fue la confesión sincera de Espino lo que permitió delimitar la presunta participación de Lilia Paredes, así como de sus dos hermanos Walter y David.
De hecho, en uno sus testimonios, Espino indicó que se reunió el 8 de agosto del 2021 en el Palacio de Gobierno con Yenifer Paredes y la primera dama. Ahí, la cuñada del mandatario le manifestó que necesitaban un chip de celular a nombre de una tercera persona con el fin de que sea utilizado para las coordinaciones ilícitas de Lilia Paredes, quien tenía temor de ser “chuponeada”.
En total, se habrían direccionado obras por más de 6 millones de soles (¢1.004 millones, aproximadamente) en los municipios Anguía, Chachapoyas, Chadin y Cajatambo. Todos bajo la conducción de la primera dama, según la investigación fiscal.
Otros hermanos
Para la Fiscalía, los hermanos Paredes tuvieron una participación activa en este esquema de corrupción y lavado de activos. En el caso de David, por ejemplo, se indica que él habría intentado utilizar la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C (fundada en abril del año pasado por Anggi Espino pero manejada por su hermano Hugo) para hacerse de la elaboración del expediente técnico de una obra de agua y saneamiento en dos centros poblados de Succha Chonta y La Palma, ambos en el distrito de Chadín (Chota) en setiembre del año pasado.
De acuerdo a la investigación fiscal, Espino y David Paredes se reunieron ese mes en la ciudad de Tacabamba para finalizar los detalles sobre la entrega del expediente técnico a la municipalidad de Chadín, que tiene como alcalde a César Castillo Cabrera.
Producto de la reunión, el hermano de la primera dama le transfirió 70 mil soles (¢11.7 millones, aproximadamente) al joven empresario para que acelere la elaboración del expediente técnico y conversen sobre la entrega del “diezmo” que ganarían por la adjudicación de esos dos proyectos en Chadín.
Como es público, el mes pasado, el dominical Cuarto Poder difundió un video, de setiembre del año pasado, donde se ve a la cuñada del presidente junto a Hugo Espino y el alcalde Castillo Cabrera en el centro poblado de Succha Chonta ofrecer una obra de agua y saneamiento.
El Comercio pudo confirmar que el mismo proyecto fue ofrecido en La Palma. Por esos días, Espino y Yenifer Paredes negaron que estuvieron detrás de favorecer a una empresa en específico.
En cuanto a Walter Paredes, el Equipo Especial indicó que este le depositó 20 mil soles (3.3 millones, aproximadamente) a Hugo Espino para la elaboración del expediente técnico también en Chadín por intermedio de la empresa de su hermana. Los pagos se hicieron el 26 y 6 de octubre del año pasado, según un reporte de la UIF a las cuentas de Espino.
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Los fondos, dijo Espino en su confesión sincera, “provendrían de la señora Lilia Paredes Navarro, por cuanto el señor David me mencionaba que lo del financiamiento lo vería con esa persona”.
De hecho, cuando allanaron los inmuebles de los Espino, la Fiscalía dio con el contrato de la elaboración del expediente técnico, una factura electrónica a nombre de la empresa de Anggi Espino y el Informe N°003-2022-MDCH/SGI-JAMC (expediente técnico del proyecto). Lo anterior, fue incluido como los elementos de convicción de que se direccionó el proyecto.
Para Lilia Paredes, el Ministerio Público estima que recibiría una pena mínima de 15 años de prisión efectiva por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. En el caso de los hermanos Walter y David podría ser un mínimo de 23 años al considerar que, además de organización criminal y colusión agravada, lavaron activos.