Lima. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski afirmó este miércoles que la salida a la crisis política que sacude al país pasa por esclarecer la muerte de casi 50 personas en las protestas y permitir que la presidenta Dina Boluarte continúe en el cargo.
Kuczynski, de 84 años, sostuvo que “antes que todo” es necesario explicar a la opinión pública peruana e internacional “cómo ocurrieron” la muerte de 48 manifestantes, aparte de otras 11 personas que fallecieron en hechos vinculados a bloqueos de carreteras.
"Debe haber una explicación para que parezcamos como un país civilizado, no un país de matanzas. Eso es uno a uno", afirmó el exmandatario en la emisora local RPP.
Para ello, señaló que sería necesaria la conformación de una comisión de alto nivel con autoridades sociales, políticas y religiosas, enfocada primero en aclarar las muertes y luego en el origen de los disturbios, que incluyeron bloqueo de vías e intento de tomar aeropuertos.
"Necesitamos entender la causa de todo esto porque este es un fenómeno que es una mezcla, un fenómeno social (...) con un fenómeno de organización criminal", opinó Kuczynski, un veterano banquero de Wall Street.
El exmandatario, que asumió en julio de 2016 pero debió renunciar en marzo de 2018 por un escándalo de corrupción, afirmó que no apoya la posible dimisión de Boluarte, pese al reclamo popular que demanda además adelanto de las elecciones para renovar la presidencia y el Congreso.
"No apoyo renuncia y cambio constante porque todo eso genera más desorden. La señora Boluarte, guste o no nos guste, es la sucesora constitucional del señor Castillo que fue elegido presidente, guste o no nos guste. Entonces, ella debe seguir ahí", aseveró.
Kuczynski destacó, por otro lado, que la entrevista es la primera que brinda a un medio peruano luego que un juez supremo le retiró la restricción para hablar con los medios de comunicación.
"Tenía varias prohibiciones, ahora tengo una menos, pero subsiste la prohibición de salir al extranjero por el momento", explicó.
El exmandatario pasó 36 meses en prisión domiciliaria preventiva en Lima, entre 2019 y 2022, mientras la fiscalía prepara una acusación por lavado de activos por servicios que prestó a la constructora brasileña Odebrecht.
“He ido a la Fiscalía más de cien veces como investigado o testigo, y hasta el día de hoy no tengo una sola acusación”, afirmó.