Madrid. La Justicia española entregó este jueves al Estado las llaves de un palacete adquirido fraudulentamente por el dictador Francisco Franco, fallecido en 1975, cuya familia, opuesta a la decisión, seguía disfrutando desde hace décadas.
El tribunal a cargo del caso en La Coruña (noroeste) dio la razón en setiembre al gobierno de izquierda, que en el 2019 presentó una demanda para recuperar el Pazo de Meirás, la residencia veraniega de Franco en su Galicia natal. La corte argumentó que la compra, efectuada en 1941, fue una operación fraudulenta.
En un comunicado, el tribunal anunció que la jueza “ha hecho entrega de las llaves del Pazo de Meirás a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia del 2 de setiembre, en la que se acordó que el inmueble es un bien público”.
Una decisión “loable, que dignifica a la democracia española” en un lugar donde a partir de ahora se ensalzará la figura de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán (1851-1921), antaño propietaria del palacete, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
La residencia, construida entre 1893 y 1907, fue declarada monumento de interés cultural por el Parlamento regional de Galicia en el 2018, lo que significa que debía ser abierto al público.
Pero los descendientes de Franco cuestionaron la decisión, argumentando que era una propiedad privada.
La finca fue en su momento donada por su propietaria y adquirida por un organismo franquista ad hoc en 1938, en plena Guerra Civil española (1936-1939), que Franco ganaría al frente del llamado ‘bando nacional’, alzado en armas contra la II República (1931-1936).
En la sentencia del 2 de setiembre, el tribunal declaró la “nulidad” de la donación de 1938, pues la propiedad fue regalada “al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal”.
Igualmente, el tribunal anuló la compraventa de 1941, por considerarla una “simulación” en la que “Franco nada paga” por hacerse con el inmueble.
La entrega del Pazo al Estado es otro revés para los nietos de Franco, que con numerosos recursos ante la Justicia trataron el año pasado -sin éxito- de impedir su exhumación del Valle de los Caídos, el gigantesco mausoleo católico a 50 km de Madrid donde le rendían homenaje sus nostálgicos.