Lima. Las perspectivas del próximo año no son aduladoras para el presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, quien acaba de salvarse de un juicio político de destitución y está bajo la lupa de la Fiscalía en tres casos de presunto tráfico de influencias.
Además de perspectivas económicas a la baja, el próximo año puede conllevar un nuevo intento de la oposición derechista en el Congreso para declarar la “vacancia” presidencial si no amplía sus alianzas, cambia a algunos ministros y corrige varias iniciativas, advirtieron los analistas.
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El panorama de Castillo evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a una segunda, en el 2018 y el 2020, respectivamente. ”Creo que a Pedro Castillo se le va a venir un nuevo intento de vacancia, porque así es el mecanismo en Perú. Una vez que se pone a andar, se insiste en el objetivo”, dijo a la AFP el analista político y economista Augusto Álvarez Rodrich.
“Mientras subsista la polarización y confrontación entre oficialismo y oposición, ésta última va a continuar intentando desestabilizar al Ejecutivo, aprovechando cualquier error, lo cual no es raro dado el amateurismo y radicalismo del gobierno”, aseguró el politólogo Carlos Meléndez, de la consultora 50+1.
Desde la salida de Kuczynski, quien renunció en marzo del 2018 antes de votarse una segunda moción de “vacancia”, Perú enfrenta casi permanentemente la posibilidad de una abrupta salida de su presidente. Los choques de poderes llevaron al país a tener hasta tres mandatarios en cinco días, en noviembre del 2020.
Para evitar un desenlace similar, urge bajar la crispación que marca a tambor batiente el ritmo político en Perú y alarma a algunos actores de la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió el 10 de diciembre su preocupación por cómo se ha desvirtuado “por falta de definición objetiva la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú”.
El presidente de México, Andrés López Obrador, denunció el 16 de diciembre que en Perú había “una especie de preparación a un derrocamiento” lanzada por el conservadurismo. Por su parte Castillo, un maestro rural de 52 años que ganó un reñido balotaje en junio frente a la derechista Keiko Fujimori, lleva 150 días de mandato acosado por la oposición y las pugnas en el oficialismo, lo que provocó la salida de una docena de ministros.
“La manera como Castillo puede evitar la vacancia es haciendo algo que no hace: armar un buen gobierno y un buen gabinete porque necesita cambios en gestión pública”, indicó Álvarez Rodrich, pero el problema, añadió, es que nadie coopera porque perciben que el gobierno se cae a corto plazo.
Un camino es un giro de timón brusco hacia el centro, una alternativa que se torna complicada ante el riesgo de una división mayor en la izquierda. ”La posibilidad de una moción de vacancia sería lejana si el gobierno fortalece una protección legislativa mediante una alianza parlamentaria con fuerzas afines y de centro”, comentó Meléndez.
Castillo está salpicado por tres escándalos de supuesta injerencia en ascensos militares y concesión de contratos públicos, que lo debilitan ante sus detractores. El 28 de diciembre declarará ante la fiscal nacional, Zoraida Ávalos, por el tema militar. El ministro de Defensa, Walter Ayala y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, renunciaron por este caso.
Una parte de la oposición promovió, sin éxito, un juicio político con la intención de destituir a Castillo por este tema. Sin embargo, las nuevas denuncias avivan la hoguera de la próxima crisis. Los fiscales investigan también la concesión de un contrato entre la empresa Heaven Petroleum Operators y la estatal PetroPerú.
A su vez, la Procuraduría denunció al mandatario por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra vial en la selva. ”Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares”, tuiteó Castillo el martes. Su desaprobación pasó del 46% en setiembre, al 58% en diciembre, su nivel más alto en cinco meses de poder.