Ciudad de Guatemala. Diputados guatemaltecos aprobaron este jueves en primer debate una iniciativa de ley para conceder una amnistía por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil que desangró el país entre 1960 y 1996.
La propuesta busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin del conflicto, y suscita el rechazo de organizaciones sociales y expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que consideran que genera impunidad.
Los diputados que la impulsan y sectores derechistas afines a los militares señalan, sin embargo, que la iniciativa trata de promover la reconciliación.
“Nosotros, los soldados, no somos matones ni asesinos. Nosotros los soldados combatimos terroristas”, señaló el diputado Estuardo Galdámez, un capitán retirado del Ejército y militante de partido oficialista FCN-Nación, uno de los ponentes de la propuesta.
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El proyecto implica derogar varios artículos de la ley, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
"Hacer una amnistía total no necesariamente es una herramienta válida para la reconciliación", señaló la congresista Sandra Morán, del bloque izquierdista Convergencia.
De aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.
"Existe la persecución del Ministerio Público que, en muchos casos, presenta testigos falsos, descubriendo la existencia de cementerios clandestinos de dudosa credibilidad, testigos altamente cuestionados y falsos peritajes”, reseña una de las justificaciones del proyecto.
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Por su lado, expertos independientes de la ONU hicieron un comunicado en el que instaron al Congreso a no aprobar la iniciativa, al considerar que supondría "un serio y grave grave retroceso" en la lucha contra la impunidad por violaciones de los derechos humanos.
La guerra civil guatemalteca dejó 200.000 muertos y desaparecidos, concluyó en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU. La mayor parte de las atrocidades fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado.
En el 2013, un tribunal condenó a 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto entre 1982 y 1983, pero la Corte Constitucional anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó repetir el juicio.
Ríos Montt murió en abril del año pasado a los 91 años, en medio de un juicio especial que se desarrollaba sin su presencia tras ser diagnosticado con demencia.