Gaza. Asfixiados por una política fiscal que consideran “injusta”, los comerciantes de la Franja de Gaza se rebelan con una huelga y una acción judicial contra el aumento de tasas de importación y exportación aprobadas por las autoridades locales de Hamás.
El movimiento islamista palestino que controla Gaza publicó en julio del 2022 una lista de 24 productos afectados por el aumento de tasas, entre los que había la leche en polvo para niños, el agua embotellada, los jugos de fruta o algunas prendas de ropa como los vaqueros.
De un día al otro, el precio de la leche para bebés se multiplicó por cuatro y el agua por 15, en una dificultad más para los habitantes de la Franja de Gaza, con una tasa de desempleo del 45%.
Los comerciantes tuvieron que asumir el sobrecosto a riesgo de ver sus productos bloqueados en el punto de paso entre Gaza e Israel, que impone un estricto bloqueo del territorio palestino desde la llegada de Hamás al poder en el 2007.
Propietario de una empresa de importación y exportación, Wassim al Hilu considera que "aumentar así las tasas no es razonable" y apunta que los gazatíes también deben pagar tributos a Israel y a la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania.
Para él, estos impuestos ahogan una economía "ya deficiente".
Más de 40 comerciantes del sector alimentario y de otros como el de la vestimenta apelaron ante un tribunal de Hamás en octubre y consiguieron que el aumento de tasas quedara congelado hasta la emisión de un veredicto.
Pero después, el gobierno de Hamás anunció en marzo nuevos impuestos sobre la exportación de pescados y la importación de frutas, colmando el malestar de los comerciantes.
Los importadores de frutas se declararon en huelga durante dos semanas, antes de cerrar un acuerdo con las autoridades que anularon la decisión.
Pero con los pescadores, el gobierno de Hamás no recula.
En esta estrecha franja encajada entre Israel, Egipto y el Mediterráneo, el sector pesquero es esencial y emplea a 4.500 personas.
Varios miles de toneladas de pescados son despachadas cada mes hacia Israel y Cisjordania ocupada, según el sindicato de pesca.
‘Extorsión’
En la gran distribución, las empresas ya redujeron las importaciones por temor a que la justicia decida introducir los impuestos retroactivamente, explica Riyad Sawafiri, de la Cámara de Comercio.
La cantidad de agua embotellada importada se dividió por dos aunque es crucial para los 2,3 millones de habitantes de este territorio sin apenas acceso a agua potable.
Osama Nofal, director de planificación del Ministerio de Economía en Gaza, justifica esta política para "sostener la economía local" y mejorar las infraestructuras existentes de desalinización de agua marina.
Pero el economista gazatí Mazen Al Ajlá la compara con una "extorsión" y asegura que Hamás no reflexionó realmente sobre esta decisión.
Enfrentados al bloqueo israelí, la pobreza y el desempleo, los habitantes no pueden soportarlas, dice este economista, quien recomienda anular al menos los impuestos sobre la importación de materias primas.
Ante el enfado de los comerciantes, las autoridades iniciaron negociaciones en paralelo a la acción judicial.
El impuesto de 10 séqueles ($2,75) establecido por cada prenda de ropa importada quedó anulado para 600.000 tejanos y 150.000 túnicas largas para mujeres, explicó el secretario del sindicato de comerciantes del textil, Nahed al Souda.
Pero la decisión sigue siendo difícil de tragar para él, que considera este nuevo impuesto fundamentalmente “injusto”.