Liberados hijos del expresidente panameño Martinelli tras cumplir condena en Estados Unidos

A su regreso a Panamá, no pueden ser ‘detenidos’, según el abogado Carlos Carrillo, porque pagaron cada uno $7 millones de dólares en fianzas

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Nueva York. Los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron liberados este miércoles tras cumplir la condena que les impuso la justicia estadounidense por recibir sobornos de la multinacional brasileña de la construcción Odebrecht.

“Confirmamos que Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares fueron liberados de la custodia de la Oficina Federal de Prisiones...por buena conducta”, confirmó este organismo, FOB, por sus siglas en inglés.

Los Martinelli habrán cumplido dos años y medio de los tres años de condena que les impuso en mayo pasado la justicia estadounidense, además de pagar una multa de $250.000, por recibir $28 millones en sobornos de Odebrecht, de los cuales $19 millones transitaron por cuentas norteamericanas.

De la condena fijada, se descontó el tiempo que habían permanecido detenidos primero en Guatemala y después en Estados Unidos hasta que se conoció el fallo judicial.

Al salir de la cárcel de Allenwood, en Pensilvania, donde los hermanos purgaron parte de la condena, debían de ser “trasladados a las dependencias del ICE”, el servicio de inmigración estadounidense, desde donde serán “deportados” a Panamá al no tener estatus legal en Estados Unidos, precisó una fuente judicial.

"Si no se oponen, su deportación debería producirse rápidamente", agregaron dichas fuentes.

Libres en Panamá

En Panamá, donde se espera que lleguen en las próximas horas, los hermanos deben enfrentar con su padre un juicio por el caso Odebrecht y otro por el escándalo “Blue Apple” (manzana azul), una trama para el cobro de comisiones para agilizar contratos bajo el gobierno de Martinelli (2009-2014).

Sin embargo, “no pueden ser detenidos”, según el abogado Carlos Carrillo, porque pagaron cada uno siete millones de dólares en fianzas: dos millones por el caso Odebrecht y cinco millones por el de “Blue Apple”.

Aunque estarán en libertad, no podrán salir del país y deberán acudir a las citaciones judiciales por los casos pendientes, agregó el letrado.

El tribunal que lleva la causa contra ellos había negado recientemente las fianzas a los dos hermanos, pero un tribunal superior revocó posteriormente esa medida, que había sido apeleda por la defensa, explicó Carrillo.

En Nueva York, los hermanos se declararon culpables de los cargos que les imputaba la fiscalía estadounidense y responsabilizaron a su padre de haberles inducido a cometer los delitos.

Huída frustrada

Los dos hermanos huyeron de Estados Unidos el 25 de junio de 2020 en un barco hacia Bahamas, donde abordaron un avión privado para viajar a Panamá. Sin embargo, al estar ese último país con ingreso bloqueado por la pandemia de covid-19 terminaron en El Salvador, desde donde cruzaron por tierra a Guatemala. En este país fueron detenidos el 6 de julio de 2020, cuando pretendían viajar en un vuelo privado a su país.

"Tenían miedo" y estuvieron "mal aconsejados", sostuvieron los abogados para explicar su huida de Estados Unidos cuando negociaban un acuerdo con las autoridades judiciales.

Luis Enrique Martinelli fue extraditado a Estados Unidos el 15 de noviembre de 2021. Luego, su hermano llegó el 10 de diciembre.

La justicia estadounidense los acusó de utilizar los bancos de este país para cometer su fraude "egoísta y avaricioso".

Según la Fiscalía, los Martinelli invirtieron $9,5 millones del monto que recibieron de Odebrecht en una compañía de servicios de telefonía celular en Panamá, así como en acciones y bonos.

Asimismo, Luis Enrique Martinelli compró un yate de $1,7 millones y un condominio en Miami de $1,3 millones, mientras que su hermano pagó “centenares de miles de dólares” de gastos de su tarjeta de crédito.

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante el mismo tribunal de Brooklyn que condenó a los Martinelli, de haber distribuido más de $788 millones en sobornos a jerarcas gubernamentales, diversos funcionarios públicos y partidos políticos, básicamente en América Latina, para conseguir y retener obras de infraestructuras principalmente.