Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los países de América Latina a actuar contra “la represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, días antes de la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de un comunicado difundido este viernes.
El gobierno de Daniel Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007 y fue reelegido en 2021 en unas elecciones cuestionadas, aumentó significativamente las detenciones de opositores desde las protestas antigubernamentales de 2018.
Además, en febrero pasado, privó de la nacionalidad a 222 presos políticos, que fueron expulsados hacia Estados Unidos.
En el comunicado la CIDH, adscrita a la OEA, pide al gobierno nicaragüense que “ponga fin a la persecución y libere a todos los presos detenidos de manera arbitraria”.
“La CIDH rechaza la continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua e insiste en que la confiscación de los bienes de los 222 excarcelados es “una sanción penal arbitraria y desproporcionada”, recalca el texto.
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Asimismo, llama a los países latinoamericanos, a la comunidad internacional y a los órganos políticos de la OEA a promover el retorno a la democracia en el país.
También, manifiestan su preocupación por la política arbitraria de las autoridades para la entrada o salida del país. Dice haber recibido información a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) “sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición” de documentos para impedir que algunos ciudadanos viajen al extranjero.
La CIDH denuncia casos de prohibición de retorno” de nicaragüenses, que acaban en una situación de desplazamiento forzado y que ha provocado la separación de muchas familias.
Además, señala “nuevas detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de la Iglesia católica, entre abril y mayo”.
“Los sectores críticos de la iglesia católica siguen siendo blanco de las autoridades y una de las personalidades más conocidas, el obispo Rolando Álvarez Lagos, permanecerá incomunicado desde el 25 de marzo en una celda de castigo”, informan.
Los arrestos de más de 140 personas durante la Semana Santa, en la conmemoración de las protestas de 2018 y en operaciones policiales se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos.
Algunas fueron temporales, afirman, pero decenas de personas terminaron judicializadas en audiencias secretas o sometidas a la medida de “casa por cárcel” que las mantiene en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente.
Por último, la organización condena la inhabilitación de 26 abogados en mayo para imponer un “ambiente de miedo y autocensura” y “el agravamiento de la represión” contra las comunidades indígenas por parte de colonos armados “que actúan con la tolerancia de las autoridades”.