Indígenas rompen diálogo con Gobierno panameño

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Indígenas panameños reiniciaron ayer los bloqueos sobre la carretera Interamericana, que une a ese país con Costa Rica, y rompieron el diálogo con el Gobierno, al que acusan de “engañarlos” en la mesa de discusión sobre el desarrollo hidroeléctrico en sus comarcas.

Unos cincuenta indígenas de la etnia ngöbe-buglé –la más grande del país– cerraron indefinidamente el paso sobre el puente San Félix, en la provincia de Chiriquí, con piedras, pancartas y llantas quemadas. También bloquearon la vía Panamericana en Pacora, 30 km al este de la capital.

El presidente de la Asociación de Traileros de Costa Rica, Luis Alberto Coto, dijo que ayer recomendaron a todos los asociados que no salieran hacia Panamá.

En tanto, Francisco Quirós, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac), explicó que los homólogos panameños le informaron de los bloqueos, pero que no había logrado ampliar detalles al respecto.

La discusión en Panamá entró ayer en punto muerto luego de que los líderes indígenas abandonaran la mesa de diálogo que mantienen con el Gobierno desde el pasado 7 de febrero, debido a un incidente que dejó a cuatro indígenas heridos.

Testigos relataron que miembros de la seguridad de la Asamblea Legislativa, donde se desarrolla la discusión, dispararon contra indígenas que trataron de saltar la cerca perimetral. Uno de estas personas narró que les lanzaron perdigones cuando ellos “solo gritaban consignas contra el Gobierno”.

Asimismo, un miembro de la Cruz Roja panameña que atendía a los indígenas confirmó a periodistas que había cuatro heridos con huellas de los perdigones.

A inicios de febrero, cientos de indígenas protestaron por varios días y bloquearon carreteras para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.

El Gobierno acepta no desarrollar actividades mineras, pero rechaza prohibir la construcción de hidroeléctricas, pues asegura que ello le supondría al Estado un sobrecosto de $200 millones.

El presidente Ricardo Martinelli no ha formado parte de la ronda de discusiones.