La Habana
La guerrilla comunista de las FARC fustigó este jueves al gobierno colombiano por sus proyectos del "marco jurídico para la paz" y del referendo sobre un eventual acuerdo de paz, afirmando que éstos constituyen un "estorbo" en los esfuerzos por terminar el conflicto armado.
Por su parte, el negociador jefe del gobierno, Humberto de la Calle, afirmó tras el cierre del presente ciclo de pláticas que "está a la vista que falta eficacia en estas conversaciones" y criticó la "retórica" de la guerrilla.
"Hemos avanzado y tenemos logros importantes, pero no son suficientes", añadió De la Calle, afirmando que "el exceso de retórica (de las FARC) sobre los más variados aspectos de la vida nacional (...) confunde a los colombianos y le resta credibilidad al diálogo".
Las negociaciones de paz se reanudarán el jueves 3 de octubre, según anunciaron las partes en un comunicado conjunto.
Las FARC dijeron en la mañana que "al mencionado 'marco' que ya de por sí es un enorme estorbo para la paz, la Corte Constitucional le sumó perturbaciones como esa de que la guerrilla debe entregar secuestrados que no tiene".
"Como si la intención (...) fuera perseverar en llenar de obstáculos el escabroso camino del entendimiento, por otro lado (el presidente Juan Manuel Santos) sigue impulsando en el Parlamento la iniciativa unilateral del referendo fuera de lugar", agregó la guerrilla, en un comunicado leído a la prensa por Rodrigo Granda, miembro de su delegación en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país, y el gobierno cerraron este jueves un ciclo de conversaciones de paz, iniciadas en noviembre de 2012 en La Habana con el fin de terminar un conflicto armado de casi medio siglo.
El ciclo culminó con desencuentros sobre el marco jurídico para la paz y el plan del referendo, que han afectado la discusión del tema de participación política, el segundo de los cinco puntos de la agenda que se han fijado.
El marco jurídico es una reforma legal lanzada por Santos, aprobada por el Congreso colombiano y validada el 28 de agosto por la Corte Constitucional, que abre las puertas a la participación en política de exguerrilleros desmovilizados.
El plan del referendo, que causó una "pausa" unilateral del diálogo de tres días por parte de la guerrilla en agosto, también ha sido muy criticado por las FARC, que proponen que sea una "asamblea nacional constituyente" la que valide un eventual acuerdo de paz.
Durante este receso en las pláticas en La Habana comenzará en Colombia el 26 de setiembre un foro ciudadano sobre drogas ilícitas, el tercero solicitado por las dos delegaciones de paz, para recibir propuestas de la sociedad civil.