La historia del derecho internacional contemplará desde ayer el nombre de la costarricense Elizabeth Odio Benito como uno de los jueces que dictaron la primera sentencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
Odio, quien fungió como ministra y segunda vicepresidenta de Costa Rica en varios períodos presidenciales, está por finalizar su nombramiento por nueve años en el primer tribunal permanente de crímenes de guerra.
¿Por qué, tras casi diez años de existencia, es esta apenas la primera sentencia de la Corte Penal Internacional?
La aspiración de “justicia pronta y cumplida” es difícil de obtener, especialmente en el ámbito de la justicia internacional, donde las dificultades son enormes. Empiezan por el trabajo del fiscal, que debe realizar sus investigaciones, conseguir las pruebas, identificar sospechosos, etc., en circunstancias verdaderamente complicadas. La falta de adecuados y suficientes recursos humanos y económicos es apenas una de las dificultades.
¿Por qué es tan difícil la obtención de pruebas?
Estas investigaciones se realizan en países donde todavía se libran guerras, lo cual complica el panorama. Además, siempre se requiere de una cooperación internacional que no todos los países ofrecen voluntariamente. También hay dificultades propias de todo procedimiento judicial y que, en el caso del juicio contra Thomas Lubanga, por ser el primero, se presentaron desde el principio. En dos ocasiones, por ejemplo, hubo que suspender los procedimientos por varios meses debido a problemas con la falta de garantías suficientes para el debido proceso.
Dentro del contexto del derecho internacional, ¿cuán importante es este primer fallo?
El objetivo de la CPI es combatir la impunidad de la que históricamente han gozado los criminales internacionales. Es un primer paso, pero será de enorme trascendencia para el futuro del derecho internacional penal, los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.