Un juez brasileño, que había ordenado el encarcelamiento de cuatro ambientalistas acusados por la policía de provocar incendios en la Amazonía para atraer donaciones ordenó liberarlos este jueves, informó uno de sus abogados.
El gobernador del estado de Pará (norte) sustituyó por su lado al comisario a cargo del caso.
“Fue el propio juez quien revocó la prisión esta tarde. Los ambientalistas ya están en libertad", dijo en un mensaje de voz enviado a la AFP Wlandre Leal, uno de los abogados que trabajó en el caso.
Los cuatro podrán aguardar en libertad la conclusión de la investigación, añadió.
La detención de los cuatro miembros de la brigada de incendios Alter do Chão, grupo de voluntarios que desde 2018 auxilia a los bomberos en el combate de incendios forestales de Pará, había generado preocupación entre las organizaciones ambientalistas de Brasil, que enfrentan un clima hostil bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro y habían considerado la prisión como una medida “abusiva".
La Policía Civil de Pará afirmó el martes, al anunciar los arrestos, que existen “indicios" de que los voluntarios fueron quienes iniciaron los focos del incendio que en septiembre consumieron una extensa área en una unidad de protección ambiental próxima a un balneario turístico de la región.
Pero la ONG Instituto Aquífero Alter do Chão, encargada de la brigada, y otras organizaciones con las que tienen convenios, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), afirman que la acusación es infundada.
Poco antes de que el juez diera marcha atrás ordenando la liberación, el gobierno de Pará determinó la sustitución del comisario encargado del caso por el director de la Comisaría especializada en Medio Ambiente.
El Ministerio Público Federal de Pará pidió a la policía tener acceso a la investigación, afirmando que otra indagación abierta en el ámbito federal sobre el mismo no apuntaba como sospechosos a los miembros de la ONG.
La detención de los voluntarios fue condenada por Amnistía Internacional y Greenpeace, que acusan al gobierno de debilitar los controles medioambientales y favorecer, con su discurso, el avance de la deforestación ilegal de la selva Amazónica.
Entre agosto de 2018 y julio de 2019 la deforestación en la Amazonía aumentó 43%, totalizando 10.123 km2, cifra récord en 10 años, según datos actualizados esta semana por el instituto de observaciones espaciales INPE.
Bolsonaro, que el miércoles se había hecho eco de las sospechas esgrimidas por la policía sobre los cuatro voluntarios, no se pronunció de inmediato tras la orden de liberarlos.
"En octubre declaré que muchos focos de incendio podrían estar ligados a oenegés. Ahora la policía de Pará captura a algunos sospechosos por el crimen", había tuiteado el primer mandatario tras los arrestos.
Acusaciones ‘sin fundamento’
En los allanamientos, los agentes incautaron documentos, computadoras y teléfonos celulares de los investigados.
El fuego en la región de Alter do Chão –un balneario de arena blanca y agua dulce del río Tapajós– consumió el equivalente a 1.600 campos de fútbol y demoró cuatro días en ser extinguido.
Los investigadores afirman que los voluntarios crearon focos de incendio para luego vender las imágenes al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que las habría usado en campañas para recaudar donaciones internacionales, entre ellas una del actor estadounidense Leonardo DiCaprio.
WWF-Brasil niega rotundamente estas alegaciones, que califica de "mentiras".
El fondo admite haber transferido más de 70.000 reales (unos 16.800 dólares) a la organización local, como parte de un contrato firmado de forma transparente con la organización para comprar nuevos insumos de combate a las llamas.
"La falta de claridad sobre las investigaciones, la falta de fundamento de las alegaciones esgrimidas (...) son extremamente preocupantes desde el punto de vista de la democracia y configuran claramente medidas abusivas", había afirmado WWF-Brasil tras los arrestos.
La oenegé Observatorio do Clima, que reúne a varias organizaciones ambientalistas, afirma que las autoridades locales están aplicando "medidas abusivas" con el "único objetivo de intimidar a quienes trabajan por el desarrollo sustentable de la Amazonía".
La prisión de los voluntarios también fue condenada por Amnistía Internacional y Greenpeace, que acusan al gobierno de debilitar los controles ambientales y favorecer, también con su discurso antiambientalista, el avance de la deforestación ilegal en la selva Amazónica.