El opositor Juan Francisco Arrom Suhurt exige una indemnización de $50 millones al Estado de Paraguay por secuestro y torturas que afirma haber sufrido en el 2002 por parte de agentes estatales.

Arrom dio a conocer el monto del reclamo este jueves en la primera audiencia del caso, en la que declaró por videoconferencia desde la ciudad brasileña de Curitiba ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José.

“Yo reclamo personalmente una reparación por daños inmateriales morales y psicológicos irreversibles sufridos en estos últimos 16 años, una cifra de $50 millones, que reitero que es una cifra simbólica, que solo quiere expresar la gravedad de los daños sufridos y en ese sentido no se corresponde con ciertos criterios u opiniones que se han vertido públicamente y en general valoraciones estrictamente que monetarias pretenden descalificar a las organizaciones y defensores de derechos humanos”, afirmó casi al cierre de su extensa declaración.

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Según contó el opositor, él formaba parte del partido político Patria Libre, de tendencia izquierdista, cuando fue capturado por oficiales del Estado el 17 de enero del 2002. Arrom expresó a los jueces que luego de ser detenido, los efectivos lo sometieron a torturas como inmersiones de agua que lo llevaron a perder el conocimiento, golpes y asfixias con bolsas de plástico.

“Me colocan un paño en la cabeza, me esposan de manos y pies, me golpean en todo el cuerpo, los testículos, me someten a procedimiento de asfixia con bolsa de plástico por horas”, narró con la voz entrecortada y mientras hacía pausas para tomar agua.

El presidente de Paraguay, Mauricio Abdo Benítez, acudió a la audiencia para "defender una causa justa” y dar respaldo a las “instituciones en su lucha contra la violencia”, manifestó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“El mandatario estará en la audiencia como un observador más. Las presuntas torturas contra Arrom y Martí fueron investigadas y desestimadas”, expresó el miércoles a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni.

El gobierno paraguayo pidió a inicios de este año a las autoridades brasileñas que le cancelen a Arrom el estatus de refugiado, así como a su compañero Anuncio Martí, quien también denunció secuestro y torturas.

El denunciante considera que su captura estuvo relacionada con su militancia política y además asegura que recibió presiones para declararse culpable por el secuestro de María Edith Borbón de Debernardi, como parte de un plan para desestabilizar al país.

Arrom indicó que quedó en libertad el 30 de enero del 2002, cuando su hermana Cristina encontró la casa donde estaba detenido y llegó a buscarlo con otras personas y periodistas.

En su argumento también sostuvo que las autoridades no actuaron con la diligencia requerida y adujo que ha sido perseguido desde que se encuentra en libertad.

En tanto, el exfiscal Óscar Germán Latorre, el testigo que acudió por parte del Estado, dijo ante el tribunal que la captura de Arrom no tuvo motivos políticos y señaló que el opositor formó parte de una “industria de secuestro”, a la que hizo responsable de la captura de Borbón de Debernardi y que, según él tiene evidencia, estaba vinculada con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"La Fiscalía tiene registros de correos electrónicos donde Rodrigo Granda se comunica con Raúl Reyes (dirigentes de las FARC) y le comunica que se contactó con Juan Arrom, que tenía un proyecto para ganar dinero, y que necesitaba asesoramiento de las FARC en materia de secuestros", aseguró Latorre.

Cristina Arrom también brindó su testimonio en la Corte IDH y respondió a varias interrogantes de los jueces. “Fueron 12 días de terror, solamente el que tiene un familiar desaparecido puede saber lo que es no tener a la persona. Fue muy terrible lo que vivimos”, afirmó en su testimonio.

¿Cómo llegó el caso a la Corte IDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó a finales del pasado año que Paraguay es responsable de una violación de derechos. Sostuvo que se quebrantó el “principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena firme”.

Asimismo, recomendó resarcirlos económicamente y sufragar los costes derivados de la atención a su salud física y mental, mientras residen en Brasil.

Sin embargo, el Estado paraguayo rechazó acatar las recomendaciones, razón por la cual la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte IDH.