Managua. La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) reanudará el diálogo entre el gobierno y la oposición la próxima semana, después que la CIDH presente el viernes un informe sobre la crisis en el país ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"La próxima semana vamos a reanudar el diálogo", declaró el presidente de la CEN, el cardenal Leopoldo Brenes, en Masaya, bajo fuerte ofensiva de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega que busca retomar el control de esa ciudad declarada en rebeldía.
"Nosotros conocemos la situación, pero ese informe que se presentará mañana (viernes), servirá para tener luces" en las pláticas entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, agregó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará ante el Consejo Permanente su informe final sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que lleva dos meses de violentas protestas contra el gobierno, que dejan 191 muertos.
La CIDH informará sobre los hallazgos de su visita realizada del 17 al 21 de abril a Nicaragua, permitida por el gobierno de Ortega, que está bajo fuerte presión.
El organismo tras recibir testimonios de cientos de personas encontró que la situación era "más grave" de lo esperado y planteo 15 recomendaciones para cesar la represión e investigar las circunstancias de las muertes.
Los obispos suspendieron el diálogo el pasado lunes hasta que el gobierno invitara a la CIDH, al Alto Comisionado de Naciones Unidas y a la Unión Europea a ayudar a investigar los crímenes durante las protestas.
Los organismos internacionales anunciaron el miércoles que recibieron la invitación del gobierno y que se preparan para enviar equipos de trabajo a Nicaragua.
Varias ciudades del país, sobre todo la sureña Masaya, sufren la incursión de antimotines y civiles fuertemente armados, que buscan retirar las barricadas que levantan pobladores con adoquines y otros escombros.
Ortega, exguerrillero de la revolución sandinista y cuyo tercer mandato presidencial consecutivo concluye en enero de 2022, es acusado de nepotismo y de instaurar, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, un gobierno autocrático y corrupto.