Lagos. EFE. Nigeria, la mayor potencia económica de África y uno de los focos internacionales del yihadismo, celebra hoy elecciones presidenciales en un clima de alta tensión por posibles enfrentamientos entre partidarios de los dos candidatos y el temor de atentados del grupo terrorista Boko Haram.
Nigeria tiene un largo historial de comicios amañados que han derivado en olas de violencia como la ocurrida en el 2011, cuando murieron 800 personas.
A este problema, y con sospechas de irregularidades sobre el actual presidente, Goodluck Jonathan, se suma la extrema violencia del grupo yihadista Boko Haram, que acumula 13.000 asesinatos desde el 2009, un millar de ellos cometidos desde enero.
En Lagos, la capital económica del país, miles de personas han abandonado la ciudad para los próximos días, y los que quedan hacen filas, con el objetivo de abastecerse de alimentos.
El Gobierno ha desplegado 360.000 policías por todo el país, que serán respaldados por el Ejército y el Cuerpo Nacional de Defensa Civil durante la jornada electoral, en la que 56 millones de personas –de una población de 170 millones– están llamadas a elegir a su presidente.
Los dos candidatos son Goodluck Jonathan, de confesión cristiana –religión predominante el sur, pero minoritaria en el país– y el musulmán y líder de la oposición Muhammadu Buhari, que se presenta por cuarta vez.
El problema más visible al que ambos se enfrentan es el terrorismo de Boko Haram, una secta que se radicalizó en el 2009 y que mantiene un sangriento y diario asedio contra los estados del norte del país, donde tres millones de personas han tenido que huir de sus hogares.
Entre sus acciones más execrables figura el rapto de 200 niñas en la localidad de Chibok hace ahora casi un año, menores que fueron vendidas como esposas y de las que nada se ha vuelto a saber a pesar de los supuestos esfuerzos multinacionales por rescatarlas.
Jonathan ha sido muy criticado por la gestión de este entorno violento, o más concretamente por una presunta desatención hacia el mismo, ya que aquella zona, en la que no cosecha ningún voto, queda fuera de sus intereses electorales y ejecutivos.
El presidente utilizó la falta de seguridad como argumento para retrasar las elecciones, que en principio debieron celebrarse el 14 de febrero y que se suspendieron una semana antes de su convocatoria.
Según la oposición, el retraso fue una maniobra antidemocrática para evitar la derrota electoral, una prolongación ilegal de la campaña para tratar de recuperar partidarios.
Precisamente ayer, el Ejército anunció una operación en la que asegura haber retomado la ciudad de Gwoza, considerada cuartel general del grupo yihadista, que en agosto estableció un califato en ella.
El terrorismo no es el único de los problemas del país: también está el peligro de un colapso económico por el hundimiento del precio del petróleo y, especialmente, la corrupción, un mal que afecta a todos los estamentos políticos y sociales y que muchos analistas sitúan como el origen de la radicalización de Boko Haram.
Como máximo exponente de esta situación está el desvío de 20.000 millones de dólares de la Corporación Nacional Petrolera detectado el pasado año. El gobernador del Banco Central, Lamido Sanusi, fue destituido por investigarlo.
Por primera vez en 15 años, la oposición, en esta ocasión una alianza cuatripartita denominada Congreso de Todos los Progresistas, tiene la oportunidad de hacerse con la presidencia, ocupada desde 1999 por el Partido Democrático Popular.
Los analistas pronostican una derrota de Jonathan, criticado incluso dentro de su partido por incumplir el acuerdo tácito de alternancia entre candidato musulmán y cristiano.
Tras una ingente lista de insurrecciones que siguieron a su independencia de Gran Bretaña, en 1960, y 15 años de dictadura militar que acabaron 1999, Nigeria atraviesa su periodo democrático más duradero.
Sin embargo, la amenaza de violencia postelectoral que vaticinan los analistas, unida a la insurgencia terrorista que pretende instaurar un estado islámico, amenazan con destruir los ya debilitados pilares del Estado.