Trípoli. AFP. Saif al-Islam, el hijo más conocido de Muammar Gadafi, y ocho colaboradores del exdictador libio, fueron condenados a muerte el martes por un tribunal de Trípoli, por la cruenta represión de la revuelta que puso fin al régimen en el 2011.
El tribunal también impuso la misma sentencia al último primer ministro de Gadafi, Bagdadi al-Mahmudi, y a su exjefe de los servicios de inteligencia Abdala Senusi.
Los dos exdirigentes estaban presentes en la sala. Saif al-Islam no asistió al juicio en la capital libia, porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Durante el proceso, compareció por videoconferencia.
Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, ayudada por una intervención de la Alianza Atlántica, acabó con más de 40 años de régimen gadafista en 2011 y con la propia vida de Muammar Gadafi. En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la revuelta del 2011.
También estaban procesados por secuestro, pillaje, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.
El juicio, que comenzó en abril del 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, las cuales afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.
Proceso en entredicho. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos advirtió, en un comunicado, de que, durante el juicio, hubo “serios problemas sobre el acceso a abogados, acusaciones de malos tratos y audiencias sin acusados”.
Para la ONG Amnistía Internacional , las sentencias “son lamentables”.
“El juicio se ha visto afectado por denuncias persistentes y creíbles de violaciones en el proceso, que merecen una revisión judicial independiente e imparcial” , afirmó Joe Stork, subdirector para Oriente Medio y África del grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El proceso también se vio marcado, en el caso de Saif al-Islam , por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso.
Nueve de los 29 acusados presentes fueron condenados a muerte ante el pelotón de ejecución y ocho, a cadena perpetua.
Cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado, se abandonaron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel.
Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y solo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.
La milicia que mantiene preso a Saif al Islam en Zintan es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este), cuando la coalición de milicias Fajr Libia tomó el poder en Trípoli y creó su propio gobierno y parlamento.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas confió el conflicto libio a la CPI en febrero del 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.
Los fiscales de la Corte consideran que Saif al Islam formaba parte del “círculo más estrecho” de su padre, y que “concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi”.
La Corte, con sede en La Haya, acusa a Saif al Islam, a menudo presentado como posible sucesor de su padre, de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Desde su captura en noviembre del 2011, un mes después de la muerte de Muamar Gadafi, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.
La CPI, competente para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir del 2002, también reclama a Senusi, que primero se refugió en Mauritania y luego fue extraditado a Libia.
A diferencia de Saif al Islam, la CPI dio luz verde a Libia para que juzgara a Abdala Senusi.