Caracas. AFP. Leopoldo López, a quien el Gobierno venezolano quiere aprehender por considerarlo instigador de violentas protestas , es un combativo antichavista que está privado del derecho de aspirar a cargos electivos por decisión de la Justicia.
Con 42 años, López, cuya carrera política se vio interrumpida tras una inhabilitación para ejercer cargos públicos que está por cumplirse en el 2014, es uno de los tres dirigentes de la oposición considerados radicales.
Conocido por su ambición y su carácter confrontador, impulsa la táctica de realizar protestas callejeras para forzar el fin del gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha sido calificado de golpista por el chavismo.
La estrategia también genera reticencias entre dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, opositora), entre ellos su líder y excandidato presidencial Henrique Capriles, quien advierte de que “las condiciones no están dadas para presionar salida del Gobierno”.
En un claro desafío al Gobierno, que allanó la vivienda de sus padres, así como la sede de su Partido Voluntad Popular, López anunció que marchará hoy hasta el Ministerio de Justicia para entregarse.
En el 2008, López fue inhabilitado por la Justicia para ejercer cargos públicos tras ser acusado de recibir, en 1998, recursos de la gerencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ocupaba su madre, Antonieta Mendoza, para una fundación del partido opositor Primero Justicia, donde militó hasta el 2006.
Antes de esa inhabilitación que culmina este año, López fue alcalde del municipio metropolitano de Chacao durante dos periodos (2000-2008), en los que también fue acusado de desviar recursos.
López apeló a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte CIDH), y esta última concluyó que debían ser restituidos sus derechos políticos .