Managua. La cúpula empresarial de Nicaragua llamó este martes al gobierno a retomar el diálogo a “la brevedad”, cesar la represión y desarmar a las fuerzas parapoliciales, para superar la “grave situación” de crisis que vive el país.
“Resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el diálogo con participación de la Conferencia Episcopal como mediador y testigo, e incorporar a garantes internacionales”, indicó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en un comunicado.
La crisis socavó “severamente la confianza de empresarios e inversionistas en el clima de negocios, afectando la atracción de inversiones, el acceso a financiamiento en detrimento de la capacidad productiva del país”, según el Cosep.
El gremio urgió llegar a un acuerdo político para adelantar las elecciones y sustituir el cuestionado tribunal electoral, señalado de estar al servicio del oficialismo.
Las conversaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, que agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil, fueron interrumpidas el 15 de junio, un mes después de que iniciaron, y el presidente Daniel Ortega no ha dado indicios de querer reanudarlas.
El documento titulado Nicaragua es patria de todos, del Cosep, responde a un violento discurso de Ortega, quien el sábado acusó a los empresarios de promover “el terrorismo económico” por participar en tres paros nacionales.
Ortega advirtió que en una próxima paralización mandará a la policía a que mantenga abiertas las puertas de los negocios.
El Cosep recordó que la crisis tiene origen en las “graves violaciones y abusos de los derechos humanos” cometidos desde el estallido de las protestas antigubernamentales en abril.
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La represión de las protestas ha provocado la muerte de más de 320 personas. El caso más reciente es el del adolescente Matt Romero, fallecido el domingo por disparos contra una marcha de la oposición.
La Cámara Americana-Nicaragüense de Comercio (Amcham), en otro pronunciamiento, condeno “la represión, asedio, persecución y encarcelamiento” de opositores.
“Estas lamentables acciones, las amenazas y señalamientos vertidos por parte del gobierno crean incertidumbre y restringen la capacidad de las empresas y la ciudadanía para vivir en paz y bienestar”, mencionó.
El gobierno culpa a opositores de causar "enormes" daños a la economía, que este año crecerá 1%, tras una revisión a la proyección inicial de 4,9%, según las autoridades.
Economistas independientes proyectan una contracción económica de 3,5%, perdidas de más $1.000 millones y 200.000 empleos.