Quito. Ocho jueces, un político y diversos funcionarios judiciales de Ecuador fueron arrestados este lunes en una operación destinada a romper los vínculos con el narcotráfico, que supuestamente proporcionó licores de alta gama, joyas y fajos de billetes a cambio de favores en los tribunales.
En un operativo llevado a cabo en la provincia costera de Guayas, se realizaron allanamientos en las residencias y oficinas de varios magistrados, así como en la vivienda de un exdiputado y una expresidenta de la Corte local de Justicia, según informó la Fiscalía a través de la red X.
El caso, denominado Purga, surge de una amplia investigación llamada Metástasis, que se reveló en diciembre y fue descrita por la fiscal general Diana Salazar como fundamental en la exposición de la “narcopolítica” en Ecuador.
Jueces, políticos, fiscales, policías y un exdirector de la autoridad penitenciaria, entre otros miembros de las esferas estratégicas del poder, enfrentan acusaciones de favorecer a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, apartamentos y servicios de prostitución.
Metástasis reveló los vínculos corruptos entre el narcotráfico y varias entidades estatales, exponiendo miles de conversaciones entre un capo asesinado en prisión y funcionarios judiciales.
En el allanamiento a la residencia del exlegislador Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), se encontraron dos armas de fuego, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, $7.535 y €505, informó la Fiscalía.
Salazar señaló que los detenidos son sospechosos de “permitir que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico colaboren estrechamente”.
El PSC, liderado por el expresidente León Febres Cordero (1984-88), aún no emitió declaraciones. Por su parte, el Consejo de la Judicatura de Guayas afirmó en un comunicado que cooperará con las investigaciones y no descartó acciones disciplinarias contra sus funcionarios.
‘La justicia secuestrada’
El caso Purga “da continuidad a la depuración que el país necesita en este momento”, expresó Salazar en un video divulgado por la fiscalía, añadiendo que “continuamos trabajando en la limpieza de las instituciones estatales”.
“Contamos con elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para liberarnos de la corrupción y la profunda descomposición estructural que hemos presenciado en los últimos meses”, afirmó Salazar.
En diciembre, el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, advirtió que el sistema judicial ecuatoriano es considerado el “premio mayor” por narcotraficantes que buscan infiltrarse en el Estado para obtener impunidad.
Casos como Purga o Metástasis demuestran “que hemos estado con una justicia secuestrada al servicio de mafias, delincuentes y corruptos”, según Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, “la corrupción es rampante en Ecuador, con actores estatales implicados en el tráfico de drogas y oro ilegal en los mercados criminales”.
Fatal combinación
“Narcodelincuentes, por un lado, y corrupción de cuello blanco, por otro, son la combinación fatal que está hundiendo al país”, afirmó Rodas Chaves.
En respuesta a una violenta arremetida en enero de bandas narcotraficantes con vínculos con carteles de México y Colombia, el presidente Daniel Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y calificó de “terroristas” y “beligerantes” a una veintena de organizaciones criminales.
Desde entonces, se decomisaron alrededor de 65 toneladas de drogas en Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.
En agosto, sicarios asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, un periodista de investigación que había revelado varios escándalos de corrupción que involucraban a altas autoridades gubernamentales.
Villavicencio denunció días antes que fue amenazado por Adolfo ‘Fito’ Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, quien se fugó en enero de una cárcel de Guayaquil en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El mafioso aún no fue recapturado.
“Este bandido #PabloMuentes fue uno de los 5 asambleístas que amenazó la vida de mi padre. Siempre quisimos que sea investigado. Ahora empieza la caída de estos delincuentes de cuello blanco”, declaró Amanda, una de las hijas de Villavicencio, el lunes a través de la red X.