México. AFP. A punto de cumplirse un año del crimen que manchó la imagen de su gobierno, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue persiguiendo al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien es cuestionado ahora por presuntos errores y omisiones en las investigaciones del caso.
En una misión avalada por su gobierno y con acceso a expedientes de la Fiscalía hasta ahora vetados a la luz pública, un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el domingo un informe que desmonta la versión oficial de los hechos y sugiere que el Ejército y fuerzas federales mexicanas tuvieron conocimiento del ataque a los estudiantes e, incluso, omitieron ofrecerles ayuda.
La puesta en duda de la “verdad histórica” profesada por la Fiscalía considerando, por ejemplo, que no hay evidencias de que los jóvenes fueran incinerados en un basurero y la insinuación de posibles responsabilidades federales golpea al gobierno de Peña Nieto, que pasa por su peor momento de popularidad a raíz de este crimen, la fuga del capo Joaquín el Chapo Guzmán y acusaciones de conflictos de interés.
Con el informe de la CIDH, “las instituciones mexicanas quedan muy cuestionadas; es un elemento más que se suma a la falta de credibilidad del discurso oficial en muchos ámbitos, del propio ejercicio de gobierno”, dijo el profesor de política Héctor Zamitiz Gamboa, de la Universidad Autónoma Nacional de México.
Dudas. El informe de la CIDH cuestiona que las conclusiones de la Fiscalía se basen casi exclusivamente en testimonios contradictorios conseguidos presuntamente bajo tortura, que se ignoraron o destruyeron importantes pruebas y se omitiera indagar más en qué papel podría haber tenido un quinto autobús, posiblemente cargado de droga, en el ataque el 26 de setiembre de policías de Iguala a los jóvenes y su posterior entrega a narcos.
“México necesita resolver el caso Ayotzinapa cuanto antes (...), no solo para resolver este crimen, sino para probar al mundo que hay luz al final del túnel de la impunidad mexicana”, manifestó este lunes el periódico El Universal en su editorial.
Aunque la fiscala general, Arely Gómez, se comprometió a tener en cuenta las recomendaciones de la CIDH y a realizar un nuevo peritaje sobre la presunta incineración, este lunes, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la dependencia, Tomás Zerón, insistió en que hay peritajes “contundentes” que prueban que al menos un gran número de los 43 estudiantes fueron ultimados en el vertedero.
La versión del basurero fue presentada por el exfiscal general Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”, pero su investigación fue criticada.
Los padres de los 43 estudiantes exigieron al presidente el domingo que les “dé la cara” y se vuelva a reunir esta semana con ellos y los expertos de la CIDH.
Al aceptar la petición , Peña Nieto reiteró este lunes su “disposición de estar cerca de los padres de las víctimas y apoyarlos de manera permanente”.
A la mitad de su mandato de seis años y con una aprobación que cayó al 35% en agosto, Peña Nieto podría marcar “una nueva etapa” con esta reunión, en la que debería comprometerse a presentar “resultados creíbles para hacer justicia” en un caso que conmocionó al mundo, cree Zamitiz.