Washington y Managua. Más de 50 muertos en las últimas dos semanas, así como secuestros, incendios a medios y posibles ataques con pesticidas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el miércoles más violencia y nuevos tipos de represión de las protestas contra el Gobierno en Nicaragua.
“No se trata exclusivamente de un escalonamento de la violencia, sino también de nuevas formas y prácticas represivas. Parece que hay una nueva frontera de la represión instalada en el país”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, quien cifró en 127 los fallecidos confirmados por la Comisión desde el inicio de las manifestaciones el 18 de abril.
En este contexto, Abrão informó de que la CIDH pidió el martes al gobierno de Daniel Ortega medidas de protección a favor del sacerdote Edwin Romany, y del activista Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, por considerar “altamente en peligro” su vida e integridad. Ambos realizan labores de defensa de los derechos humanos en Masaya.
Horas después, la Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció que el mandatario Daniel Ortega aceptó reunirse este jueves con los obispos para analizar la posibilidad de reanudar el diálogo con loss opositores, ante la grave crisis que vive el país.
La reunión, propuesta por los preladoos, “ha sido aceptada por el presidente. Será mañana, jueves 7 de junio, a las tres de la tarde, en la Casa de los Pueblos”, centro de convenciones del Gobierno en Managua, indicó la Conferencia en un comunicado.
Desde que comenzaron las protestas, el 18 de abril, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 24 personas y sus núcleos familiares.
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En rueda de prensa, Abrão dijo que el ambiente de violencia persiste en Nicaragua, a pesar de la visita de la CIDH a mediados de mayo, que emitió 15 recomendaciones que el gobierno de Daniel Ortega hizo “suyas”, y de la anuencia estatal a la creación de un grupo de especialistas internacionales para investigar lo ocurrido.
“Según 1.007 testimonios, más de 900 recibidos durante la visita, confirman la acción represiva del Estado detectada en el informe preliminar”, dijo.
Ese reporte identificó un uso excesivo de la fuerza, incluida fuerza letal para reprimir a los opositores, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos en cárceles, amenazas y violaciones al derecho a la libertad de expresión.
Secuestros, incendios, hostigamiento...
Ahora, la CIDH detectó secuestros de jóvenes universitarios, incendios a medios de comunicación y edificios estatales, hostigamiento de adultos mayores, ataques contra buses que recogen a personas resguardadas en universidades e iglesias tras hechos represivos, y denuncias de un ataque con pesticidas.
“Hay una instalación cada vez más progresiva de un grave impacto psicológico y físico en la población civil de Nicaragua", manifestó.
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“Es una masacre, nos están atacando de todas las maneras posibles. Son unos genocidas”, aseveró Fernando Sánchez, integrante de la Coalición de Estudiantes de Nicaragua, invitado por la CIDH.
A su lado, Migueliuth Sandoval, viuda del periodista Ángel Gahona, muerto por disparos mientras cubría las protestas en la caribeña ciudad de Bluefields, asintió. “El mensaje es claro: o te callas o te mato”.
Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la CIDH, destacó que “el 99% de los medios de comunicación en Nicaragua son controlados de manera directa e indirecta por el gobierno”.
Abrão indicó que la CIDH prepara su informe final sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que será presentado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Participante por skype desde Chile, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, evitó pronunciarse sobre la Declaración de apoyo al pueblo nicaragüense aprobada el martes en la Asamblea General de la OEA y cuestionada por grupos de derechos humanos por evitar responsabilizar al gobierno de la vioelncia.
Sin embargo, saludó la “visibilización” de lo ocurre en Nicaragua, a pesar de que el tema no estaba en la agenda de la cita.