Sao Paulo. Leonel Andrade conversaba con un amigo en la calle de una favela en Brasil cuando fue alcanzado por “disparos de la policía”, relata aún conmocionada Beatriz da Silva. Su esposo figura entre los 47 muertos en un operativo calificado de “masacre” por autoridades y organizaciones no gubernamentales.
Miles de policías fueron desplegados el 18 de diciembre en la llamada “Operación Verano” contra el narcotráfico en la Bajada Santista del estado de Sao Paulo, estratégica por albergar el puerto de Santos, el más importante de Latinoamérica.
Hasta el momento, “47 sospechosos murieron en enfrentamientos con los agentes de seguridad”, y otros 921 “delincuentes” fueron detenidos, informó la Secretaría de Seguridad paulista a esta agencia.
Organizaciones civiles pidieron el 8 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que urgiera al cese del operativo, denunciando violaciones como “ejecuciones sumarias” y “torturas”.
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Esta es la “mayor masacre” en el estado más poblado de Brasil desde la matanza en la cárcel de Carandiru en 1992, donde murieron más de cien detenidos a manos de policías, según un informe de la Defensoría Pública de Sao Paulo y de organizaciones no gubernamentales como Conectas y la Comisión Arns.
“Dijeron que hubo un intercambio de tiros, ¡pero es mentira! Él no andaba armado”, explica Beatriz da Silva sobre la muerte en febrero de su marido, de 36 años, padre de tres hijos.
Su esposo, que usaba muletas, había cumplido condena de cárcel por tráfico de drogas. Pero ya “estaba desvinculado de todo eso”, sostiene esta mujer, de 29 años.
Lo encontró agonizando. “Los policías no me dejaron socorrerlo, y ellos no intentaron hacer nada”, relata a esta agencia.
‘Estamos muy tranquilos’
El gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la operación.
“Estamos muy tranquilos con lo que se está haciendo. Pueden ir a la ONU, a la Liga de la Justicia, adonde quieran. Me tiene sin cuidado”, dijo.
Freitas, que sonó más de una vez como futuro presidenciable, intensificó el combate contra el crimen organizado en el litoral paulista, particularmente desde el asesinato de un policía de élite a mediados de 2023.
Según dijo esta semana a periodistas, comerciantes y vecinos de la Bajada Santista, donde viven mayoritariamente personas negras y pobres, lo llaman para agradecerle que esté “restableciendo el orden”.
Las incursiones continuarán “por tiempo indeterminado”, dijo por su parte el jefe de la Secretaría de Seguridad, Guilherme Derrite, defendiendo la actuación policial.
“En todos los casos (de supuestos enfrentamientos) fueron incautadas las armas utilizadas por los delincuentes para atentar contra la vida de los policías”, aseguró, en una nota a esta agencia.
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‘Ojo por ojo’
Claudio da Silva, ómbudsman para la policía paulista, afirma, sin embargo, que la fuerza “actúa con una lógica de ojo por ojo, diente por diente”.
Y exige investigaciones independientes de las muertes y penas para los responsables.
El director de Human Rights Watch en Brasil, César Muñoz, lamenta que Freitas diera a la policía “carta blanca para que haga lo que quiera” en los barrios vulnerables de la Bajada Santista.
La organización, que sigue de cerca la situación, cuenta con “denuncias sólidas” de muchos casos en que no se realizan pericias en la escena de las muertes o se evitan deliberadamente, enviando a las víctimas ya fallecidas a hospitales.
El ministerio público de Sao Paulo inició una investigación tras declaraciones de socorristas que aseguraban haber trasladado a personas muertas a los centros de salud.
Morir por ‘vivir en la favela’
Además, los vecinos que son testigos de los “atropellos” o muertes temen hablar por miedo a represalias, lo que dificulta aún más las investigaciones, detalla Muñoz.
Mae Andreia, seudónimo de la responsable del Movimiento Madres de Cárcel, que acoge también a familiares de víctimas de violencia policial, afirma que la fuerza actúa como “un grupo de exterminio” en la comunidad.
“Las personas no merecen morir solo por vivir en la favela o tener antecedentes criminales”, lamenta.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció esta semana contra otra letal actuación en Sao Paulo: halló a Brasil responsable de la ejecución extrajudicial de 12 personas perpetrada por la policía durante la “Operación Castelinho” en 2002.