Quito. Este miércoles, el alcalde de una pequeña ciudad minera en el sur andino de Ecuador fue asesinado a tiros, días antes de la celebración de una consulta popular propuesta por el gobierno para aprobar reformas destinadas a abordar la crisis de inseguridad. Las autoridades informaron sobre el suceso.
José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, “fue baleado y producto de ello perdió la vida”, señaló la alcaldía de esa localidad en su página de Facebook.
Este hecho constituye el segundo asesinato de una autoridad por arma de fuego en menos de un mes. En marzo, la alcaldesa de San Vicente, en Manabí (suroeste), fue asesinada en circunstancias similares.
Sánchez, de 52 años, se encontraba haciendo ejercicio durante la noche junto a su equipo de seguridad cuando hombres armados dispararon, según informó la policía en la red social X. Los sospechosos “se movilizaban en una camioneta que después fue presuntamente incinerada y localizada posteriormente”, añadió.
El ministerio del Interior expresó sus condolencias a la familia y amigos del alcalde, quien ya fue objeto de un atentado en su residencia en octubre del año pasado. “Este trágico suceso refuerza nuestro compromiso incansable de luchar contra graves actos criminales”, apuntó el ministerio del Interior en un comunicado difundido en su cuenta de X.
Sánchez, abogado de profesión, presidió la Cámara de Minería de Camilo Ponce Enríquez en 2021, una zona donde se lleva a cabo la extracción ilegal de minerales.
El próximo domingo, cerca de 13,6 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para votar por reformas legales y constitucionales cuyo principal objetivo es combatir la violencia.
Con el asesinato de Sánchez, ya suman cuatro los alcaldes asesinados en un año en Ecuador, siendo los otros tres fallecidos en la costera Manabí.
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La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) emitió un comunicado solicitando una investigación “exhaustiva y rápida” sobre el crimen, así como la garantía de protección para los alcaldes del país. Según la AME, “cada alcalde o alcaldesa caído es un golpe directo a la estabilidad y la gobernanza local”.
Fiscales, periodistas y policías también figuran entre las víctimas de organizaciones criminales locales vinculadas a carteles de México y Colombia. Uno de los casos más resonantes fue el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue baleado al salir de un evento de campaña en agosto pasado.
Estos eventos tienen lugar en medio de un recrudecimiento de la violencia y un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas criminales con las fuerzas armadas.