Las Organizaciones No gubernamentales (ONG) Human Rights Watch y Cristosal denunciaron en su último informe quelas autoridades de El Salvador “han cometido graves violaciones de derechos humanos”, desde que se adoptó el régimen de excepción en el país, a petición del presidente Nayib Bukele el 27 de marzo.
Las organizaciones, que están trabajando conjuntamente para monitorear la implementación de esta medida en el país, que permite las detenciones sin orden judicial, entre otras cosas, han recibido denuncias de decenas de aprehensiones arbitrarias, incluyendo algunas que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración, así como la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.
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“En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa, la cual ahora ha permitido 30 días más de violaciones de derechos humanos”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Desde que se instauró el régimen de excepción, luego de un fin de semana en el que se registraron 62 asesinatos en un solo día, policías y soldados han realizado decenas de redadas, sobre todo en comunidades de bajos recursos, durante las cuales han detenido a miles de personas. Al lunes 2 de mayo, el país reporta 23.404 presuntos pandilleros aprehendidos desde que empezó a regir la medida.
Los hallazgos preliminares del informe se basan en 43 entrevistas con víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron los diferentes testimonios.
Según los testimonios recolectados por estas organizaciones, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle, en la mayoría de los casos, sin presentar una orden de captura y sin explicar los motivos de los arrestos. Cuando las víctimas preguntaban por qué estaban siendo detenidas, los agentes respondían que “cumplían órdenes de arriba”.
De acuerdo con el informe, los policías inspeccionaban los cuerpos de las personas detenidas buscando tatuajes, al parecer como prueba de su supuesto vínculo con las pandillas. Además, algunas personas sufrieron agresiones de los oficiales mientras realizaban las detenciones, fueron expuestos en redes sociales como “terroristas” antes de ser presentados ante un juez y pasaron incomunicados por días o semanas, sin que sus familiares conocieran su paradero.
“Cuando las autoridades se niegan a reconocer una detención u ocultan el paradero de una persona bajo su custodia, independientemente del tiempo que transcurra, ello constituye una desaparición forzada, la cual está prohibida por el derecho internacional, incluso durante estados de emergencia. Cuando esto ocurre, la persona desaparecida queda totalmente indefensa y los familiares viven niveles de incertidumbre y sufrimiento que son inhumanos y abusivos”, apuntó el informe.
Los detenidos, entre los cuales hay decenas de menores de edad, son investigados por el delito de “agrupaciones ilícitas” y se exponen a altas penas de cárcel, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma al Código Penal que impone castigos más severos para quienes participan de las pandillas.
Para Taraciuk Broner, la forma de prevenir estos abusos es “poner fin al régimen de excepción, garantizar los derechos al debido proceso y respetar la independencia de jueces y fiscales”.
Muertes bajo custodia
En el informe detallaron dos casos de presuntas muertes bajo custodia durante el régimen de excepción. Según estas organizaciones, el músico Elvis Josué Sánchez Rivera, de 21 años, murió el 19 de abril luego de ser detenido el 3 de ese mes en la región de Santa María Ostuma.
Su familia indicó que, al momento de la detención, se dirigía a jugar fútbol con un amigo. Ellos no supieron el paradero del joven hasta que las autoridades de un hospital les informaron que había fallecido el 19 de abril. Además, aseguraron que no le practicaron una autopsia para determinar cuál fue su causa de muerte. Los documentos del hospital señalan que fue trasladado desde un centro de detención hacia el centro médico, donde murió por “hipertensión” y “muerte súbita”.
No obstante, expertos forenses consultados por las ONG manifestaron que “parece haber múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos”.
El otro caso se registró el 30 de marzo en la región de La Trinidad, cuando Walter Vladimir Sandoval Peñate, un trabajador agrícola de 32 años, fue detenido frente a sus familiares. El 3 de abril, su familia acudió al departamento policial donde se encontraba detenido para llevarle agua y comida, pero horas más tarde les indicaron que había fallecido por un trauma en el tórax.
“Las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de realizar investigaciones exhaustivas, oportunas e independientes sobre abusos y muertes ocurridas bajo custodia. Sin embargo, las investigaciones enfrentan obstáculos enormes, considerando que prácticamente no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al poder ejecutivo en El Salvador”, concluyeron Human Rights Watch y Cristosal.
El régimen de excepción fue prorrogado el 24 de abril durante 30 días más, a petición del presidente Nayib Bukele. Esta medida que restringe la libertad de asociación, el derecho a la defensa y permite las detenciones sin orden judicial, entre otros, se mantendrá por un mes más.
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