El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó este jueves una resolución presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay, que pide la investigación sobre posibles violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, desde abril del 2018, cuando estallaron las protestas contra la dictadura, donde fallecieron al menos 400 personas.
La intervención, aprobada con 20 votos a favor, da luz verde para que un grupo de tres investigadores independientes expertos en derechos humanos se instalen y trabajen, por un año, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Por su parte, Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Rusia, China y Eritrea, figuran como las siete naciones que votaron en contra de la resolución y 20 países se abstuvieron a votar. Sin embargo, no lograron impedir que el grupo de expertos tenga de ahora en adelante como objetivo principal el recolectar, preservar, analizar información y evidencias sobre violaciones de derechos humanos, identificando a los responsables.
Según el Observatorio de los Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), “el grupo brindará recomendaciones para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia”. “La crisis de derechos humanos en Nicaragua exige un riguroso escrutinio internacional”, dijo Juan Pappier, investigador principal para las Américas del HRW. “Con esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha enviado un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos del gobierno”, añadió.
Actualmente según el último balance, en Nicaragua, al menos 179 políticos están presos, 169 a partir de abril del 2018 y 10 antes del 2018. Antes de los comicios presidenciales de noviembre, Ortega ordenó la captura de siete de sus principales contendientes.
Entre los juzgados y sentenciados por la dictadura están Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez. Los juicios contra los opositores políticos se celebraron en las mismas cárceles, sin permitir el ingreso de la prensa o del público, lo que despertó aún más la intervención de los organismos internacionales.
A inicios de marzo del 2022, la Alta Comisionada de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó un amplio informe sobre la preocupante situación de los derechos humanos en Nicaragua, demostrando “un patrón de violaciones graves de los derechos civiles y políticos”, que suprimió arbitrariamente las opiniones disidentes de las elecciones y “creó un entorno poco propicio para la celebración de elecciones genuinas, justas y creíbles”.
El 12 de febrero anterior, el exguerrillero y disidente sandinista, Hugo Torres, falleció a los 73 años, luego de ocho meses en prisión y con su condición de salud y estado físico en secreto por el régimen de Ortega. De su lado, la Fiscalía anunció horas después de que el fallecimiento de Torres fue “a causa de una enfermedad”. “Desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada, donde siempre estuvo acompañado” de sus tres hijos y su yerno, detalló la Fiscalía.
Mientras los familiares de los presos políticos denunciaron que en prisión sufren constantes maltratos, amenazas, interrogatorios y hambre, por otro lado, el mandatario por cuatro periodos consecutivos los calificó de “hijos de perra” en la celebración de su “triunfo electoral”.
Estos comicios fueron calificados de “farsa electoral” por Estados Unidos y declarados ilegítimos por la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que Nicaragua anunció la decisión de retirarse de la Organización; sin embargo el proceso toma dos años.
El 23 de marzo anterior, el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, calificó de “dictadura” la administración de Ortega durante una sesión oficial, lo que ocasionó que el mismo día el gobierno de Ortega lo desconociera. “A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumple con informar a nuestro pueblo y a quien concierna que el señor Arturo McFields no nos representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez”, se lee en la nota de prensa de Managua.
“En mi caso yo renuncié porque soy palmado, no tengo yates, no tengo latifundios, no tengo nada”. “Otra gente que me ha dicho que se siente inquieta ¿por qué no renuncia? Porque tienen propiedades, tienen carros, tienen negocios, tienen fincas, tienen haciendas”, añadió MacFields, quien además pidió al presidente Daniel Ortega que libere a los presos políticos y al mandatario estadounidense, Joe Biden, que conceda un Estatus de Protección Temporal (TPS) a los nicaragüenses que “huyen del régimen de terror”.
“Lo que más pido, bienestar para los que están presos, que los dejen salir, esperanza para los que están allá y (...) un TPS de esperanza para los que vienen aquí huyendo”, afirmó MacFields en un diálogo organizado por el centro de estudios Wilson Center en Washington.
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