Managua. Este martes, el gobierno de Nicaragua revocó la personalidad jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales, incluida la cancelación del Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Fundación Hivos) con sede en Países Bajos, así como cinco entidades religiosas católicas y evangélicas.
La medida, anunciada en el diario oficial La Gaceta por el Ministerio del Interior, se fundamentó en “incumplimientos” en la presentación de informes financieros.
Dos organizaciones adicionales perdieron su personalidad jurídica debido a “disolución voluntaria”, atribuida a la falta de recursos o la finalización de sus proyectos, según informó el Ministerio del Interior.
Hivos, registrada en marzo de 2008, no presentó informes financieros desde 2020 hasta 2023 y contaba con una junta directiva vencida, de acuerdo con las autoridades gubernamentales. Esta ONG de Países Bajos implementa programas en diversos países latinoamericanos, donde fomenta la transparencia gubernamental, la producción y el consumo de alimentos sostenibles, así como la energía renovable, según se indica en su página web.
Entre las organizaciones adicionales cuya personalidad jurídica fue cancelada se encuentran el Instituto Jesús Divino Obrero y la Fundación Hermanas de la Caridad, de orientación católica, así como la Asociación Evangélica Dios Fuerte, la Asociación Ministerio Evangelístico y Comunitario, y la Fundación Iglesia Unidos para Ayudar al Necesitado, de confesión evangélica.
Los activos, tanto muebles como inmuebles, de estas asociaciones revocadas por “incumplimiento” serán transferidos al Estado, en conformidad con la legislación que rige a las organizaciones sin fines de lucro, informó el Ministerio del Interior.
Desde el año 2018, el gobierno nicaragüense clausuró alrededor de 3.500 oenegés. Nicaragua ha fortalecido su marco legal luego de las protestas de ese año contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, que según la ONU resultaron en la muerte de más de 300 personas en un período de tres meses. El gobierno de Ortega, que interpretó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado impulsado por Washington, afirmó que algunas ONG financiaron dichas protestas.