Ciudad de Guatemala. Una jueza guatemalteca inició este jueves un proceso penal contra cuatro magistrados electorales, quienes están siendo perseguidos por la cuestionada fiscalía. Este caso se suma a las investigaciones en curso contra el presidente Bernardo Arévalo.
La jueza Karen Chinchilla resolvió abrir la investigación por el delito de fraude y desestimó la acusación de incumplimiento de deberes, tal como había solicitado la fiscalía. Además, impuso una medida sustitutiva al encarcelamiento, consistente en una coacción económica de aproximadamente 13.000 dólares para cada uno de los acusados.
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Chinchilla declaró que no se le demostró la existencia de un riesgo de fuga ni de obstrucción a la investigación por parte de los magistrados. Sin embargo, decretó arraigo para ellos, lo que implica que no podrán salir del país.
En un principio se anunció que la jueza Wendy Coloma estaría a cargo del proceso; sin embargo, al final, fue la jueza Chinchilla quien resolvió el caso que involucra a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, junto con sus colegas Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.
Asimismo, Chinchilla les otorgó una medida cautelar para evitar una orden de detención que había sido emitida hace dos meses en su contra. Los cuatro magistrados comparecieron este jueves ante un tribunal después de permanecer exiliados desde finales del año pasado.
Bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras, quien es calificada como “corrupta” por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, la fiscalía inició en 2023 un proceso por presunta corrupción contra los magistrados, además de abrir otras causas contra Arévalo y su partido, lo que generó dudas sobre la transición presidencial.
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Al concluir la audiencia, Palencia comentó a la prensa que Chinchilla estableció un plazo de cinco meses para la investigación sobre el presunto fraude relacionado con la compra de un sistema informático de transmisión de datos, el cual se habría adquirido a un precio excesivo y se utilizó en las elecciones ganadas por Arévalo en 2023.
El Congreso, entonces dominado por los aliados del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei, les despojó de su inmunidad el pasado 30 de noviembre. Al día siguiente, los magistrados abandonaron el país y han permanecido en el exilio desde entonces. El 11 de enero, un juez ordenó su detención.
Dos semanas después de que el Congreso les quitara la inmunidad a los magistrados, Estados Unidos impuso sanciones a 300 guatemaltecos por “socavar” la democracia, incluyendo a un centenar de diputados.
Arévalo asumió la presidencia el 14 de enero después de un tortuoso camino desde que sorprendió en la primera vuelta electoral en junio de 2023. Ganó en el balotaje con un amplio margen, prometiendo combatir la corrupción, uno de los males arraigados en el país.
La Fiscalía acusó al mandatario de irregularidades en la formación y creación de su partido Semilla en 2017, el cual fue inhabilitado por la justicia. Además, se le acusó de instigar la ocupación de la única universidad estatal del país durante un año, entre 2022 y 2023.
Estas acciones fueron calificadas como un intento de “golpe de Estado” destinado a obstaculizar la transición presidencial.