El Gobierno de Estados Unidos expresó este domingo su “profunda preocupación” por los cuestionamientos en torno a las elecciones celebradas en Guatemala el pasado 25 de junio, que ocasionaron una suspensión de la emisión oficial de resultados, debido a que fueron impugnados por nueve partidos políticos de derecha.
Los guatemaltecos permanecían sin saber el conteo de votos después de que la Corte de Constitucionalidad de ese país ordenara detener el recuento de sufragios mientras se atendían denuncias de supuestas irregularidades interpuestas por parte de grupos políticos de derecha. Una acción criticada por entidades locales y extranjeras que temen una anulación de los comicios.
“Socavar las elecciones del 25 de junio sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance”, expresó en un comunicado de prensa el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
“Estados Unidos apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco de elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas y está profundamente preocupado por los esfuerzos que interfieren con el resultado de las elecciones del 25 de junio”, expresó el jefe de la diplomacia estadounidense en su mensaje.
Para Blinken, las acciones para interferir con el resultado de las elecciones “violan el espíritu de la constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”.
El político añadió que Estados Unidos respalda las conclusiones de las numerosas organizaciones guatemaltecas que representan al sector privado y las misiones de observación de la sociedad civil, así como las misiones de observación internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, que encontraron que los resultados publicados en las elecciones guatemaltecas más observadas coincidieron con sus observaciones en todo el país.
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“Socavar las elecciones del 25 de junio sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance”, concluye en su mensaje.
La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia del país y cuyos fallos son inapelables, aceptó el sábado un amparo promovido por nueve partidos de derecha por lo que ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender provisionalmente “la calificación y oficialización de resultados”.
Esas agrupaciones aseguran que hay más de mil actas alteradas las cuales representan 0,82% de 121.227 procesadas (entre 122.293) en el escrutinio, según cifras oficiales.
En los comicios del pasado domingo, los socialdemócratas Sandra Torres (15,86%) y Bernardo Arévalo (11,77%) habrían sido los aspirantes más votados entre 22 contendientes.