Nueva York. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, defendió este martes la postura de su gobierno respecto a la lucha contra el narcotráfico al declarar ante el tribunal de Nueva York, donde enfrenta cargos por conspiración para traficar drogas y armas. Hernández afirmó que su administración tenía la intención de erradicar esta problemática. Dichos delitos podrían suponer una condena perpetua.
Hernández, de 55 años, se mostró seguro y tranquilo, e incluso en ocasiones corregía al traductor, mientras era sometido a casi cuatro horas de interrogatorio, primero por su defensor Raymond Colon y luego por la fiscalía. Esta última continuará este miércoles con el interrogatorio.
La defensa se centra en mostrar el amplio conjunto de leyes que el gobierno de Hernández (2014-2022) implementó para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, así como en resaltar su estrecha relación con las autoridades estadounidenses, tanto en Washington como con funcionarios locales. Según el acusado, durante estos encuentros, el “principal tema” de conversación era precisamente el crimen organizado.
La estrategia busca desmontar el relato de la fiscalía, la cual acusa a Hernández de establecer un narcoestado y de proteger a las redes criminales para facilitar el envío de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.
Durante dos semanas de juicio, la fiscalía presentó ante el tribunal a destacados narcotraficantes, entre ellos Devis Leonel Rivera, líder del poderoso cartel de Los Cachiros; el exalcalde del municipio de El Paraíso en el departamento de Copán, Alexander Ardón; y el hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo. Estos individuos se entregaron a las autoridades estadounidenses y actualmente cumplen condena por tráfico de drogas.
Todos ellos afirmaron sobornar al presidente a cambio de protección para sus actividades y para evitar la extradición.
“¿Prometió protección a los cárteles?”, preguntó Colon. “Por el contrario, señor, prometimos que íbamos a terminar con ellos”, respondió el exmandatario. En 2014, Hernández inició las extradiciones a Estados Unidos, dos años después de que el tratado fuera reactivado durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014). “La política nuestra es enviar a todos los que solicite Estados Unidos” para ser juzgados, recordó.
Durante su gobierno, afirmó, se llevaron a cabo los primeros grandes decomisos de activos de los narcotraficantes, como el del cartel de Los Cachiros, al que se le confiscaron bienes por un valor de “600 millones de dólares”, constituyendo el mayor decomiso en Centroamérica. Sin embargo, el juez Kevin Castel interrumpió su declaración e instruyó a Hernández a limitarse a responder con un “sí”, “no” o “no recuerdo” a las preguntas.
‘Cara más blanca’
Cuando afirmó que no conocía a ningún capo de la droga hondureño, y mucho menos conspirado con el jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, el fiscal Kyle Wirshba intentó acorralarlo durante un interrogatorio agresivo, presentando fotos y otras pruebas como apoyo.
El fiscal Wirshba presentó una instantánea tomada durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010. En la foto, el entonces presidente del Congreso aparece con la camiseta nacional, abrazando a Arnulfo Valle, uno de los líderes del poderoso cártel de los Valle-Valle. Según la fiscalía, estos narcotraficantes tenían un plan para asesinar a Hernández cuando la justicia empezó a perseguirlos, y el exmandatario no respondía al teléfono.
El expresidente, visiblemente emocionado, intentó defenderse diciendo: “Esa camiseta es para nosotros los hondureños como un uniforme nacional”. Además, señaló que había especulaciones sobre la posible manipulación de la foto, indicando “mi cara aparece más blanca”. Sin embargo, el fiscal insistió en que Arnulfo Valle había intentado matarlo. “Pero eso no significa que lo conociera”, respondió el acusado.
En otro momento, en un desliz, Hernández dijo que “los narcotraficantes no tienen partido político. Apoyan a todos, o al menos tratan”, rectificó. “¿Excepto a usted?”, preguntó el fiscal.
‘Unanimidad’
Es poco común que un acusado testifique en un proceso penal. El juez recordó que no declarar “no significa que el acusado esté asumiendo su culpabilidad”. La defensa mantuvo el suspenso hasta el último momento, después de que testigos, incluidos tres generales hondureños (uno retirado), testificaran a favor del expresidente.
Una vez que concluya el interrogatorio de la fiscalía, está programada la presentación de los argumentos finales, con una asignación de 1 hora y 45 minutos para cada parte. El juez especificó que la fiscalía puede replicar durante otra media hora. Posteriormente, el jurado compuesto por 12 miembros se retirará a deliberar y llegar a una conclusión por unanimidad. El destino del exmandatario está en manos del jurado.