San Salvador. La información oficial sobre la cantidad de menores de edad que han sido capturados y que ya enfrentaron audiencia inicial durante el régimen de excepción, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo, es escasa.
A pesar de eso, cifras recolectadas por La Prensa Gráfica detallan que en la última semana 100 menores de edad fueron enviados a internamiento preventivo mientras enfrentan su proceso judicial, lo que significa que estarán detenidos al menos durante seis meses más.
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Entre el 9 y el 16 de abril la Fiscalía General de la República (FGR) y las redes sociales oficiales de Centros Judiciales de El Salvador han reportado que, a nivel nacional, hubo aproximadamente un centenar de menores de edad que fueron enviados a internamiento porque “se les ha comprobado supuestos vínculos con estructuras de pandillas”.
El 14 de abril fue el día en el que más menores de edad fueron enviados a detención provisional. En Occidente las autoridades reportaron 22 casos; en Oriente, 10; y en la Zona Paracentral, 14. Una parte de los detenidos han sido enviados al Centro de Reeducación de Menores de Tonacatepeque y otros al Centro de Internamiento de Menores de Ilopango, ambos en San Salvador.
Expertos señalaron que existen denuncias de detenciones arbitrarias en algunos casos de jóvenes procesados por agrupaciones ilícitas. Jeannette Aguilar, experta en temas de violencia, reforma policial y seguridad pública, señaló que con estas detenciones solo se termina de nutrir la criminalidad.
“Las capturas arbitrarias e indiscriminadas de jóvenes, sin investigación sólo nutren la criminalidad. Desde su llegada (a detención) los jóvenes son cooptados de manera forzada por las estructuras criminales que controlan las cárceles”, mencionó Aguilar. La jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, manifestó que la Constitución salvadoreña establece un régimen especial para los menores de edad privados de libertad.
“Muchos de los casos se tratan de capturas arbitrarias y puede ser que hasta ilegales (...) las consecuencias para los adolescentes de 13 o 14 años que van a estar en este internamiento por un periodo largo será grave, particularmente cuando no logren probar que ellos han cometido el hecho delictivo”, afirmó Navas. Agregó que el Estado no tiene la capacidad para mantener en detención provisional a tantos menores de edad.
“Ciertamente no hay cifras oficiales para determinar cuántas personas exactamente han sido enviadas a internamiento, pero por los datos esto tiene una consecuencia bastante grave con respecto a las capacidades instaladas del ISNA, que es quien administra los centros de internamiento”, mencionó Navas. También cuestionó que a esa institución en el 2021 le entregaron $21 millones para mejora de infraestructura y que hasta junio del año pasado no se había ejecutado nada de ese fondo.
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