Ciudad de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) rechazó el miércoles un recurso presentado por el presidente electo, Bernardo Arévalo, con el propósito de detener la ofensiva de tres funcionarios judiciales a quienes acusa de orquestar un “golpe de Estado” para impedirle asumir el poder.
“Por mayoría”, la CSJ “decidió no decretar” el recurso de amparo presentado por Arévalo el 13 de setiembre contra la fiscal general, Consuelo Porras; el juez Fredy Orellana; y el jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, según informó Leonel Marroquín, asesor de los magistrados del alto tribunal.
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Con el respaldo de los dos fiscales y el juez, funcionarios del Ministerio Público (MP, fiscalía) allanaron el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) el 12 de setiembre y abrieron varias cajas con votos emitidos en la primera vuelta de las elecciones generales en junio pasado.
Arévalo presentó el recurso buscando que la Corte tomara medidas para proteger los resultados electorales, argumentando que las acciones ordenadas por estos tres funcionarios amenazaron “el principio de pureza del proceso electoral, el derecho a elegir y ser electo” y el ejercicio del voto secreto.
Este recurso de amparo es una de las varias acciones legales que Arévalo emprendió para detener lo que considera un plan para evitar su investidura el 14 de enero, tras ganar sorpresivamente en la segunda ronda electoral del 20 de agosto.
La fiscal general, Orellana y Curruchiche emprendieron una campaña contra los resultados de las elecciones generales, el partido Semilla de Arévalo y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Arévalo, de 64 años, triunfó sobre la exprimera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno, que según analistas está alarmada ante la promesa del presidente electo de luchar contra la corrupción y la impunidad que prevalecen en el país.
El jurista Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana, rama local de Transparencia Internacional, consideró que, “con la negación del amparo, la Corte Suprema no garantiza los derechos vulnerados, no ofrece una solución ni certeza jurídica en la protección de los derechos constitucionales del voto y resultados electorales”.
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Protestas en curso
La Corte “evita asumir la responsabilidad de continuar con el trámite, sin ofrecer una solución a la crisis que ha generado la violación cometida por el Ministerio Público al vulnerar el material electoral”, puntualizó Cux.
Por tercer día consecutivo, indígenas bloquearon rutas en Guatemala para exigir la renuncia de Porras, a quien acusan de liderar el supuesto golpe de Estado.
“Las paralizaciones en diferentes puntos continuarán porque no obtuvimos una respuesta concreta”, declaró Luis Pacheco, presidente de la junta directiva de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, donde comenzaron los bloqueos y protestas.
Pacheco señaló que el movimiento de protesta convocó a una reunión con la fiscal general, pero esta no acudió.
Cientos de guatemaltecos, en su mayoría universitarios, protestaron la noche del miércoles frente a la sede del Ministerio Público para exigir la renuncia de Porras. Muchos portaban banderas y velas.
Los bloqueos en algunos tramos de carreteras comenzaron el pasado lunes después de que allanaron la sede del tribunal electoral para decomisar actas de los comicios.
“Lo que veo ahora parece un golpe de Estado a cámara lenta”, afirmó Arévalo este martes durante un foro no partidista en el Wilson Center en Washington.
Las acciones de Porras, Orellana y Curruchiche, junto con otra fiscal, Cinthia Monterroso, quienes fueron incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos por Estados Unidos, generaron preocupación y rechazo a nivel internacional.
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales advirtieron que se está socavando la democracia y la gobernabilidad en este país centroamericano, que también enfrenta problemas de pobreza y violencia de pandillas.
El mandatario electo es hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente democrático de Guatemala (1945-1951).