Ciudad de Guatemala. Una comisión del Congreso de Guatemala recomendó este miércoles quitar la inmunidad a cuatro magistrados electorales por supuesta corrupción, en una causa paralela a las que lleva adelante la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde que el líder socialdemócrata dio la sorpresa en los comicios, y pidió al Congreso que prive de inmunidad a sus magistrados por la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático. También ha allanado varias veces las oficinas del TSE.
"La recomendación es que sí se les quite el antejuicio (inmunidad) a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral", dijo a periodistas el presidente de la comisión, Enrique Montano, tras una votación de tres a dos en la comisión que analizó el pedido de la Fiscalía.
Otros cuatro magistrados del TSE están investigados en el mismo caso, pero fueron beneficiados con un amparo provisional ordenado por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.
Montano comentó que ahora el pleno del Congreso debe determinar si acoge la recomendación de la comisión y quita la inmunidad a los cuatro magistrados, para lo cual se necesitan los votos de 107 de los 160 diputados. El plazo para hacerlo vence este jueves, último día de las sesiones ordinarias del año.
El 27 de septiembre, la cuestionada Fiscalía presentó estos pedidos de desafuero, afirmando que el TSE adquirió a sobreprecio un sistema informático de transmisión de resultados electorales, desestimando ofertas más baratas. El 7 de noviembre la Corte Suprema avaló este pedido.
La Fiscalía también solicitó a mediados de este mes quitar la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera -otorgada por su condición de electos-, lo que ha elevado la incertidumbre en el país a semanas de que deban asumir sus cargos en enero.
Estas maniobras han generado críticas de Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que afirman que se busca desconocer el veredicto de las urnas.
La Fiscalía quiere llevar a juicio a Arévalo y Herrera por haber apoyado la toma de una universidad estatal en 2022. Además, consiguió inhabilitar al partido Semilla del presidente electo por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados en 2017.
Arévalo ha denunciado que la Fiscalía orquesta un “golpe de Estado” para impedir que asuma el poder el 14 de enero en sustitución del derechista Alejandro Giammattei.