San Salvador. Estrangulación. Esa fue la causa de muerte que la familia de Efraín Solórzano Hernández leyó en el informe forense el día que le fue entregado su cadáver, alrededor de tres meses después de su captura. Él forma parte de los 35 reos que fueron asesinados dentro de centros penales desde que se instauró el régimen de excepción, según un informe con datos del Instituto de Medicina Legal (IML) al que tuvo acceso La Prensa Gráfica.
Pocos son los informes del IML que indican la causa real del fallecimiento, como en el caso de Efraín. En su mayoría la razón que se coloca es el “edema pulmonar”, pese a que los cuerpos presentan signos de tortura, según relatos de las familias cuando llegan a reconocer sus cadáveres.
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Sobre el homicidio de Efraín, uno de sus familiares relató que a ellos únicamente les indicaron que fue “sometido por un custodio a quien se le había pasado la mano”. Después de eso lo trasladaron al Hospital Zacamil, pero llegó muerto. El hecho fue notificado a sus familiares 24 horas después por una funeraria particular.
Medicina Legal reportó también la estrangulación como causa de muerte de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años. Pero además lo catalogaron como una “muerte en estudio”. Aún así su familia comprobó que el cuerpo tenía tres costillas y una pierna quebrada, tres heridas al lado derecho del abdomen y un golpe en la cabeza.
El reporte del IML sostiene además que otros 22 privados de libertad perdieron la vida en las cárceles por “negligencia”, es decir, porque no les proporcionaron medicamentos para las enfermedades. Mientras que otros 12 fueron informados por “causa no determinada”.
Casi todos ellos eran personas capturadas bajo el régimen de excepción y de las cuales la Policía Nacional Civil (PNC) solo informó que ocho tenían vínculos con pandillas. El resto estaba bajo investigación.
El temor de las familias
Durante el régimen de excepción, los familiares de los presos organizaron tres marchas para exigir la libertad de los que son inocentes; es decir, los que no tienen vínculos con pandillas ni antecedentes y únicamente fueron arrestados por sospechas.
“Como familia nos sentimos indignados, consternados al saber que no tenemos noticias de él. Tememos que algún día podamos recibir una llamada diciéndonos que él está muerto o le ha pasado otra cosa, por eso andamos suplicando la liberación de mi hermano”, expresó Walter Amaya Godoy, hermano de René Mauricio Amaya Godoy, uno de los detenidos.
Walter llegó con su madre y hermanas a la manifestación con varias pancartas que tenían información y fotografías de René. “Tus hijos y tu esposa te esperamos en casa, porque eres inocente”, indicaba la que portaba en sus manos su esposa.
Más de cuatro meses transcurrieron desde que la madrugada del domingo 27 de marzo la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista aprobó el régimen de excepción.
Dos historias se cuentan desde entonces. Una es la del Gobierno que destaca las miles de capturas de supuestos terroristas realizadas por policías y soldados. La otra es la de las familias que viven las detenciones arbitrarias y que únicamente fueron apoyadas por organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos.
Una de ellas es Cristosal, que registró, hasta el 13 de junio, un total de 1,993 casos. Otras oenegés también se sumaron. Azul Originario contabilizó 258 hasta el 8 de agosto, mientras que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) registró 237 hasta el 4 de julio y el Servicio Social Pasionista tenía 109.
Por detenciones arbitrarias también se presentaron 649 hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta el 26 de junio, todos por familias que no ven a sus parientes desde que fueron detenidos. De estas peticiones, 508 (el 78 %) siguen sin respuesta, de acuerdo con un monitoreo publicado recientemente por el Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC).
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Sin una respuesta concreta, estos casos pronto llegarían a instancias externas, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Uno de ellos ya fue enviado, el 5 de julio del 2022, y está relacionado a una mujer de 72 años que fue detenida por preguntar a tres agentes policiales por qué capturaban a su nuera.
En el caso de Efraín Solorzano, él era un hombre que trabajaba en el transporte privado, mientras que Julio César Mendoza era un joven que ayudaba con la venta de tortillas a su familia. En ambos sus familias piden justicia.
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