Los crecientes achaques financieros del Gobierno lanzan una señal de alerta para todos los ciudadanos, y muy especialmente para quienes cotizan en los regímenes de pensión, sin importar si estos son de reparto o de capitalización individual.
Entre todos los fondos administran la nada despreciable suma de ¢10,2 billones (¢10.000.000 de millones), y 58% de estos recursos están invertidos en bonos del Ministerio de Hacienda. Además, esa participación ha crecido en forma acelerada desde el 2014 (la concentración era del 50% en ese entonces), según un reportaje de La Nación , publicado el pasado 3 de agosto.
En palabras llanas, esto significa que el semblante crediticio de Hacienda se pone cada vez más demacrado y los fondos de pensiones, por el contrario, han tendido a prestarle más.
Observemos parte de la película. En los últimos tres años la agencia Moody’s retiró el grado de inversión a Costa Rica (setiembre del 2014), y más adelante, otras calificadoras de riesgo como Fitch Ratings y Standard &Poor’s, bajaron también sus notas, lo que hace de la Tesorería un deudor de más cuidado.
El déficit del Gobierno subirá de 5,3%, en el 2016, a 6,1% para este año; encabezamos junto con Brasil, la lista de países que más pagan intereses sobre la deuda pública (3,3% del PIB según datos de Cepal) y para rematar, el presidente de la República Luis Guillermo Solís confirmó, el martes 1.° de agosto, que hay problemas de liquidez para enfrentar algunos pagos.
Mientras esta cadena de infortunios ocurría, el sistema de pensiones prestó ¢2 billones extra al Gobierno, pero lo más preocupante es que esto ocurre porque los fondos tienen poco margen de acción. Hay restricciones legales, escasez de opciones de inversión y limitada sofisticación de quienes administran los recursos como para buscar soluciones en otra parte.
Los problemas fiscales son también el dolor de cabeza de los fondos pensión, esto incluye a los regímenes básicos como el de Invalidez Vejez y Muerte, Magisterio Nacional, Poder Judicial y Bomberos; los complementarios, tanto los obligatorios como los voluntarios, y el fondo de capitalización laboral.
El escenario de un Ministerio de Hacienda en default lo veo remoto, pero si llegara a darse el sistema de pensiones estará en la primera línea de afectados.