Desde la administración Chinchilla, Costa Rica ha hecho lo necesario para postularse e ingresar como miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Días atrás, 31 países, incluido Costa Rica, firmaron un acuerdo de cooperación con sus pares por medio de este organismo.
Dicho acuerdo consiste en el intercambio automático de información para la puesta en marcha de la acción número 13 del programa BEPS (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, por sus siglas en inglés). Esto no solo es llamativo e innovador, sino hasta contradictorio y característico de nuestro país, donde solemos hacer las cosas de manera anárquica. Tal es el caso de precios de transferencia, que se inició como asunto de golpes entre la Administración Tributaria y los contribuyentes en 2002, y luego se formalizó mediante una directriz interna de dudosa legalidad. La Sala IV la consideró a derecho, y de seguido el aletargado reglamento 32.878 es la actual norma que regula la materia.
En su artículo 8, este instrumentos estipula: Declaración informativa. Están obligados a presentar ante la Dirección General de Tributación la declaración informativa de precios de transferencia, con periodicidad anual, aquellos contribuyentes que se encuentren dentro de las dos situaciones siguientes:
a) Que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas y,
b) Se encuentren clasificados como grandes contribuyentes o grandes empresas territoriales, o que sean personas o entidades que se encuentren bajo el régimen de zona franca.
Hoy, por motivos que solo sabe la Administración, tales obligaciones aún no son exigibles, ya que la declaración informativa no se ha hecho pública. Pese a ello, continúan los litigios en la materia promovidos por Tributación, y se asume el compromiso internacional de intercambiar la información de los informes de precios de transferencia, si sus vinculadas están en alguno de los 30 países restantes del acuerdo.
La acción de BEPS tiene como fin analizar la cadena de valor de las empresas con presencia en diversos países, sin limitarse a grandes emprendimientos, con el objetivo de detectar donde están quedando –presumiblemente ocultas– sus utilidades. Así, tenemos un compromiso internacional para el que no existe contenido local.