San José (Redacción). Un total de 223 compras electrónicas que iban a realizar el ICE, el Instituto Costarricense de Turismo y varias municipalidades por $12,7 millones se quedaron varadas desde el jueves pasado debido a una orden de la Sala Constitucional.
En una resolución del lunes 11 de junio, el alto tribunal acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Jorge Enrique Romero Pérez, contra el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link.
Según la resolución de la Sala los procedimientos de contratación administrativa realizados a través de este sistema pueden continuar su trámite regular, “excepto el acto de adjudicación”.
Alicia Avendaño, directora de la Secretaría Técnica del Gobierno Digital, entidad encargada de este sistema de compras, explicó que si no se adjudica, se paraliza el sistema.
El ICE es la entidad más perjudicada, pero hay además 43 instituciones del sector público que usan el sistema, lo cual representa cerca del 80% de las adquisiciones totales del sector público.
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