El tiempo disponible para realizar una nueva colocación de títulos de deuda en el mercado externo antes del vencimiento de un título de $1.000 millones, programado para 2023, se hace cada vez más estrecho. El proyecto de ley que pretende una nueva autorización para acudir a los mercados internacionales a través de este mecanismo popularmente, conocido como eurobonos, continúa su engorroso trámite en la Asamblea Legislativo y la situación inquieta a las autoridades hacendarias.
A pesar de que faltan más de seis meses para el ‘megavencimiento’ de enero, la estrechez temporal se explica porque colocar los bonos de deuda es un proceso mucho más complejo que obtener la mera aprobación legislativa. Emitir eurobonos requiere de una serie de contrataciones internacionales para gestionar la emisión, además de la elaboración de distintos documentos, entre otras cuestiones.
Además está el factor estacional, pues se considera mucho más riesgoso acudir a los mercados internacionales después del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Estados Unidos. Esa es una época en que decae la cantidad de inversionistas porque salen a vacaciones, porque ya cumplieron sus planes de inversión o porque buscan proteger sus resultados anuales y evitan nuevos movimientos.
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La situación es compleja y así lo reconoce el propio ministro de Hacienda, Nogui Acosta; quien recién este 7 de julio acudió al Congreso para urgir la autorización del endeudamiento externo. El jerarca se presentó junto con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, para destacar la importancia de avanzar cuanto antes con el texto.
Consultado por La Nación, Acosta señaló que realmente “hay poco tiempo” para concretar la emisión antes de enero. Sin embargo, también afirmó considerar que aún existe margen suficiente si la Asamblea Legislativa otorga su bendición antes de la primera mitad de agosto. “Tendríamos el espacio justo”, afirmó.
Para poner la situación en contexto, la última emisión de títulos valores de deuda externa que realizó Costa Rica se hizo en la segunda semana de noviembre de 2019, justo antes de Acción de Gracias. Sin embargo, para lograrlo se había corrido para conseguir la autorización legislativa, que finalmente se alcanzó a mediados de julio. En esta ocasión, en el mejor de los casos, el permiso llegaría unas semanas más tarde.
Trámite complejo
La última jerarca de Hacienda que coordinó un proceso de emisión de bonos de deuda externa en el mercado internacional fue la actual superintendente general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar. Consultada por este medio, la exministra consideró que “difícilmente” se pueda realizar una colocación en un plazo mucho menor a los cuatro meses que se tardó en 2019. Nogui Acosta, por su parte, deja abierta la posibilidad a un plazo de tres meses.
Aguilar recordó que el trámite para realizar las colocaciones internacionales es complejo y que sus fases, en una gran mayoría, no se pueden mezclar.
El proceso, por ejemplo, incluye cuatro contrataciones que deben hacerse una después de la otra. Específicamente, se debe recurrir a un asesor legal internacional que lleve el proceso, un banco o varios bancos que realicen la colocación, el proveedor encargado de certificar las calificaciones de riesgo y un agente fiscal de registro y de pago que se encargue del tránsito del dinero.
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Además, se debe redactar el documento formal de la oferta de emisión (offering circular), cuya extensión final se contabiliza en centenas de páginas y requiere de múltiples revisiones; así como interactuar con los potenciales inversionistas. Esa última acción de mercadeo se conoce como roadshow y se realiza para evaluar las condiciones del mercado antes de realizar la colocación.
“En su momento a nosotros todo eso nos tomó cuatro meses aproximadamente, y no creo que se pueda hacer en un plazo mucho más corto”, afirmó la exministra.
La ahora superintendente, eso sí, señaló que en el Ministerio de Hacienda existe capacidad técnica suficiente para hacer un trámite tan rápido como es posible.
La exministra Aguilar comandó de Hacienda durante el primer año y cinco meses de la administración anterior. En aquel momento, el gobierno del expresidente Carlos Alvarado pidió autorización para colocar títulos de deuda externa por $6.000 millones en seis años, de la cual finalmente los diputados aprobaron únicamente $1.500 millones en el Congreso. Nogui Acosta, actual ministro de Hacienda, en ese momento fungía como viceministro de Ingresos; por lo que conoce del trámite.
Presiones financieras
La complejidad y la extensión requerida para este tipo de emisiones es la que ahora mismo pone en aprietos al gobierno, que busca acceder al mercado externo para cumplir con sus pesadas obligaciones en moneda extranjera de inicios de 2023.
El 26 de enero próximo vencerá una vieja emisión de $1.000 millones que, según el perfil de vencimiento de la deuda de Hacienda, es el monto más alto de deuda externa a pagar en un solo mes de los próximos 22 años.
Es justamente en ese contexto, en que también incluye vencimientos importantes de deuda interna, que el gobierno empuja su nueva solicitud para acceder a $6.000 millones en eurobonos en los próximos seis años.
La solicitud de autorización la dejó planteada la administración anterior desde finales de abril y, según afirmó el ministro Acosta en audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, el nuevo gobierno decidió darle continuidad porque consideraba oportuno acceder a los mercados internacionales y para aprovechar la “economía procesal” de tener un texto ya en marcha.
Además de la autorización para colocar $6.000 millones en seis años, el proyecto plantea dejar listo el permiso para su respectiva refinanciación en el momento de su vencimiento; así como un permiso para que el Poder Ejecutivo para acceder a líneas de crédito ‘exprés’ de hasta $500 millones, todos los años, para afrontar eventuales necesidades de liquidez.
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A pesar de los tiempos necesarios para la realización del trámite de colocación, el economista José Luis Arce, director de Análisis y Estrategia de FCS Capital, considera que hay un riesgo mayor en los tiempos políticos.
A fin de cuentas, muchos de los contratos necesarios para realizar las emisiones en el mercado externo son estándar, los mercados internacionales son profundos y los actores que se deben contratar están más que acostumbrados a grandes operaciones; pero la autorización de la Asamblea Legislativa suele tomar mucho tiempo y el proceso que está en marcha se cocina a fuego muy lento por ahora.
“El mayor problema es el proceso político siempre. Los temas políticos siempre son los que pueden complicar más la cosa, porque entre más creativos se pongan los diputados menos fácil es la emisión y los tiempos son más limitados”, subrayó.
La historia le da la razón a Arce. La penúltima colocación de eurobonos, que se realizó durante el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla, el trámite legislativo para acceder al financiamiento externo tomó hasta año y cinco meses; mientras que en 2019 fue de medio año.
El proyecto actual, hasta este momento, lleva apenas dos meses en el Congreso y todavía se encuentra en su comisión dictaminadora. Ese foro, el de Económicos, lo mantiene en estudio desde finales de mayo pasado y todavía no lo dictamina. Por el contrario, el Gobierno recién envió una propuesta de texto sustitutivo este 6 de julio, con el fin de atender solicitudes y observaciones de los legisladores.
Para que la autorización llegue a buen puerto requiere de ser aprobada primero en esa comisión y, más tarde, contar con el visto bueno del Plenario legislativo en primero y segundo debate (la última votación con un mínimo de 38 votos positivos).
En parte es por ese motivo que el ministro Acosta acudió este 7 de julio a la reunión de jefes de fracción en el Congreso, para urgir una aprobación del permiso de endeudamiento lo antes posible. Según les dijo a los máximos representantes de las bancadas legislativas, emitir los bonos de deuda externa podría ahorrarle al país ¢1 billón en el pago de intereses de la deuda pública solo durante los próximos cinco años.
‘Plan B’
Si no se consigue la autorización para acceder al mercado externo, comentó el ministro Acosta a La Nación, el único ‘plan b’ disponible sería recurrir a créditos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales y emitir más deuda en el mercado local.
El primero de los movimientos dependería de la venia del Congreso y de su rapidez y, el segundo, obligaría al Estado a pagar tasas de interés mucho más altas, negociar plazos de vencimiento más bajos y a quitarle recursos del mercado al sector privado. Además, Hacienda ha enfatizado en que obligar al Estado a buscar $1.000 millones en el mercado local implicaría una nueva presión, y una muy fuerte, sobre el tipo de cambio.
Con eso coincidió el economista Arce, quien subrayó que ese monto no es sencillo de conseguir en el mercado doméstico y que no contar con recursos externos puede elevar los niveles de la nunca necesaria incertidumbre en la economía interna.
A pesar de ese panorama desalentador, el jerarca de Hacienda considera que “los diputados tienen el mismo interés que el Poder Ejecutivo para lograr la aprobación del proyecto de ley”. Según dijo Acosta, todavía cree que hay consciencia de que “las necesidades de fondos para cumplir con las obligaciones en colones y dólares son muchas”, por lo que el Ejecutivo espera contar con los recursos de las eventuales emisiones en el mercado externo.
Por ahora, el tiempo sigue corriendo y la necesidad de recursos es el único factor seguro de cara a 2023.