Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense, afirmó que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) tiene la capacidad para producir el indicador del riesgo climático en el sistema financiero, sin tener que brindar la información de los deudores al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
“Creo que se puede construir el indicador entre la Sugef y los bancos, porque existe información, no solicitada (por el BCCR), de qué están haciendo los bancos para enfrentar los riesgos hidrológicos, porque son quienes han usado y tienen que usar la información”, aseguró el economista, durante su comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público del Congreso.
Jiménez afirmó en dicho foro, la tarde de este jueves 2 de noviembre, que la Superintendencia debió asumir desde un principio la generación de la información estadística pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque tiene el acceso a las bases de datos de los deudores del sistema.
“El compromiso (con el Fondo) le correspondía asumirlo a Sugef porque es la que conoce los riesgos financieros del país; o por lo menos hacerlo en conjunto con el Banco Central. Pero que el manejo de datos lo realizara la Superintendencia”, recalcó el vocero de la ABC.
Respecto a los errores señalados por el ente emisor, en las bases de datos de la Sugef, Jiménez destacó que la depuración de la información le correspondía a Sugef y los bancos. “Esta era la mejor vía, sin tener que exponer la identidad de los deudores en el Banco Central”, subrayó.
Además, contó que, cuando el BCCR pidió la información de los deudores a los cuatro mayores bancos comerciales, nunca explicó cómo iba a ser utilizada.
El asesor de la Asociación Bancaria se refirió al rol de la Superintendencia, después de recibir consultas de la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista; y el liberacionista Francisco Nicolás.
Por su parte, el legislador David Segura, del Partido Nueva República, consultó a Jiménez sobre la leyenda publicada por el Banco Central, en el sitio web donde publica la tasa básica pasiva (TBP). En ella se indica que la entidad no garantiza la confiabilidad de este indicador debido a que algunos bancos dejaron de entregar información de sus clientes, sin anonimizar.
El asesor económico de la ABC afirmó que la institución monetaria tiene la capacidad de construir la TBP sin necesidad de solicitar la identificación de las personas, y que la nota da a entender que antes el indicador era fiable y ahora no.
“Quiero decirles que el Banco Central nunca ha hecho una auditoría de los datos, de forma tal de que si quería poner esa nota debió haberlo hecho desde hace mucho tiempo”, enfatizó Jiménez.
La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público investiga la solicitud de datos sin anonimizar por parte del BCCR a la Sugef, bancos comerciales, la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Hacienda.
Reformas necesarias
En la comparecencia de este jueves también participó Mauricio París, abogado especialista en protección de datos, quien invitó a los legisladores a efectuar varias reformas en la legislación costarricense para actualizarla respecto al acceso a datos privados por parte de las instituciones.
Incluso, consideró necesario efectuar cambios constitucionales para detallar con precisión la protección de la información de las personas.
Adicionalmente, el abogado criticó a la Procuraduría General de la República (PGR) por brindar un pronunciamiento sobre el acceso a información de personas y empresa, para lo cual usó sentencias de la Sala IV previas a la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
Esta norma, recalcó, es la que regula la información de carácter sensible en Costa Rica y los requerimientos obligatorios de consentimiento informado de las personas.
“La Procuraduría parte de premisas desactualizadas porque los votos de la Sala IV usados son previos a la aprobación de la ley de protección de datos. La ley es la principal fuente de derecho, no la jurisprudencia”, enfatizó París.
De hecho, agregó que desde la creación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), la Sala Constitucional remite todos los asuntos relacionados a esta materia a dicha entidad.