En los últimos seis años, la recaudación del impuesto sobre la renta creció por encima de la producción y superó el monto estimado que generaría la reforma legal a la ley del tributo.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, entre los años 2010 y 2016, el recaudo sobre los ingresos y las utilidades pasó de representar un 3,8% a un 4,5% de la producción medida con el producto interno bruto (PIB), cerca de ¢1,4 millones de millones.
Este impuesto se cobra sobre las diferentes rentas que reciben las empresas y las personas, por ejemplo, las utilidades de las compañías, los intereses de los depósitos de los ahorrantes y los salarios de los trabajadores, entre otros.
Como la producción mide las ventas de bienes y servicios, se espera que dicho tributo aumente conforme lo hace la misma y, si la recaudación del tributo crece más que la producción, como ha sucedido, es porque hay una mejora y con ello también disminución en la evasión.
¿Por qué subió? El incremento se obtuvo con disposiciones administrativas, pues todavía las leyes aprobadas están en fase de implementación.
Algunos ejemplos de las medidas que se han tomado en estos seis años son: habilitar la posibilidad para permitir que grandes empresas evasoras puedan reparar el daño causado; la retención de un 1,77% de los pagos que se hacen con tarjeta como pago adelantado del impuesto sobre la renta y, la implementación de herramientas informáticas, entre otras.
Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que las medidas aplicadas generaron frutos; no obstante, señaló que es necesaria la reforma, pues la legislación actual tiene limitaciones.
¿Es necesaria la nueva ley? “Recordemos que la ley de impuesto sobre la renta nuestra, en su estructura, tiene una serie de deficiencias técnicas que limitan mucho lo que es la capacidad de la administración en el aumento de la recaudación”, comentó Vargas.
El director citó como ejemplo que la legislación actual grava con diferentes tarifas a los distintos tipos de renta, lo cual incentiva a las personas o empresas a colocar sus recursos en aquellos instrumentos que tienen un menor tributo.
Otro ejemplo es que la legislación actual no grava las ganancias de capital, que son aquellas que se obtienen cuando se compra un bien inmueble, por ejemplo, y luego se vende a un precio mayor.
Desde el punto de vista de la situación de las finanzas públicas, el exministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez, consideró necesario y urgente avanzar en el conjunto de acciones legislativas para mejorar la situación de las finanzas públicas y no le parece correcto verlo desde el ángulo de los proyectos particulares.
“Descansar en la vía de la mejora administrativa, como indicó durante la campaña política el señor presidente (Luis Guillermo Solís), posponiendo las soluciones de fondo, no fue, ni será, una solución a un problema tan complicado como el que tenemos”, indicó Gutiérrez.