La reforma de la educación en Costa Rica y las transformaciones de los procesos que esta conllevaría debe ser la prioridad del país en su participación como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según coincidieron las exministras de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez y Anabel González, y el actual jerarca de esta misma cartera, Manuel Tovar.
Los tres especialistas participaron, este jueves 28 de julio, en el foro virtual Costa Rica: un año después de su incorporación a la OCDE, organizada por Lead University y el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC). Costa Rica se convirtió, el 25 mayo del 2022, en el cuarto país de Latinoamérica, y el número 38 en el mundo, en ser miembro de este organismo internacional.
Esta reforma educativa que mencionaron los expertos, camina hacia un objetivo específico: abandonar la “trampa” de ser un país de renta media para convertir a Costa Rica en una economía avanzada.
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Tovar aseguró que la participación y aprovechamiento de la OCDE es una de las áreas prioritarias del Comex, además del tema de inversión y facilitación del comercio. Sin embargo, recalcó que se trata de un proceso en el que participan múltiples instituciones, por lo que debe haber una coordinación precisa y una agenda clara a largo plazo, incluso de 10 años.
“Lo que queremos ser es una mejor Costa Rica y que la OCDE nos permita transitar hacia un país con mayores niveles en los índices de desarrollo; la visión es clara, contribuir a que vivamos mejor y alcancemos ser una economía avanzada”, expresó Tovar.
Un análisis reciente de la OCDE sobre la educación en Costa Rica señala que el estancamiento de los resultados educativos de la última década, junto con el aumento de la desigualdad y un lento crecimiento, podrían arriesgar el desarrollo del país.
Asimismo, el documento señala que en el territorio nacional se incrementó el acceso a la educación a un ritmo mayor que el de otros países de América Latina y de la OCDE. No obstante, el sistema educativo no ha podido aumentar la calidad de los resultados en el aprendizaje al mismo tiempo. El rendimiento de jóvenes costarricenses con 15 años de edad estuvo unos dos años por debajo del de sus pares de los países de la OCDE en las pruebas PISA 2015.
Metas a plazo
Por su parte, la exministra González, actual directora adjunta de la Organización Mundial del Comercio (OMC), quien impulsó la incorporación de Costa Rica a la OCDE en la administración de la exliberacionista Laura Chinchilla, fue enfática en que el país debe contar con un plan a largo plazo y mejorar tanto la rendición de cuentas como el monitoreo de las instituciones respecto a la participación en la organización, pues no solo se trata del Comex.
“Maximizar la participación de Costa Rica en la OCDE es anclarla en el marco de una visión país de largo plazo”, dijo González, quien recomendó la lectura del texto Después de la pandemia: una visión de largo plazo, del economista Eduardo Lizano.
En dicho texto, el expresidente del Banco Central lanza el reto de llevar a Costa Rica a ser un país de renta alta en el año 2050 y de formar parte del grupo de los 25 países más avanzados de la OCDE. Sin embargo, para alcanzar esta meta el país tendría que aumentar de manera significativa la tasa anual de crecimiento de su producción.
Para ello, coincidieron los expertos participantes del foro, Costa Rica debe comenzar lo más pronto posible con la reforma educativa que tanto urge el mercado, pues se trata de su motor de desarrollo.
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Jiménez, exministra que culminó con éxito el proceso de incorporación a la OCDE durante la administración de Carlos Alvarado, recalcó que las reformas educativas toman tiempo en producirse y generar sus efectos, por lo que Costa Rica debió empezar “ayer” con la tarea.
La experta en arbitraje internacional también añadió a las prioridades de la economía nacional, el fortalecimiento y el financiamiento adecuado de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom).
Sobre lo conversado en el foro, Tovar culminó su participación asegurando que desde el Comex impulsarán el diálogo con las demás instituciones del sector público así como con voces de la academia y el sector privado para determinar la estrategia a un plazo de hasta 10 años, que permita continuar con las reformas de Estado requeridas para el objetivo de convertirse en una economía avanzada.