El Banco Central de Costa Rica (BCCR) habría transgredido la legislación costarricense al obtener información sensible de deudores, contribuyentes y asegurados sin anonimizar y sin obtener el consentimiento informado de las personas.
Así se indica en un informe preliminar de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que investigó la petición de datos del BCCR, con la identificación de personas y empresas, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), los cuatro bancos más grandes del país, Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En el borrador del documento, al cual tuvo acceso este diario, se indica que la actuación del ente emisor, con base en su interés de generar datos estadísticos, significaría una violación manifiesta de la legislación vigente, especialmente la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
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Además, se criticó que la exigencia de la información se hizo con base en un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) que se limitaba a datos crediticios. Sin embargo, el BCCR obtuvo datos como salarios, declaraciones tributarias, tipo de ocupación, empleador, lugar de trabajo, deudas de las personas, su capacidad de pago, su historial de comportamiento de pago, su categoría de riesgo, sus niveles de morosidad, así como los aportes al seguro de salud, Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
“Configura una transgresión de la obligación de resguardo, protección y adecuada administración de la información sensible y los datos pertenecientes a la ciudadanía, por parte tanto del Banco Central como de las entidades bancarias que facilitaron dicha información”, se indica en el documento.
El informe preliminar recomendó al mandatario Rodrigo Chaves la destitución inmediata de Róger Madrigal, presidente del Banco Central, por la supuesta falta de cumplimiento de normativas legales y éticas en la obtención de información. “Esta recomendación se basa en la necesidad de restablecer la confianza pública en la institución, preservar la integridad de las decisiones y salvaguardar la reputación del Banco Central, que ha sufrido un daño difícil de cuantificar”, se indica en el documento.
Al Plenario Legislativo se propuso el traslado de copia fiel del expediente legislativo N° 23.965, junto con este informe, al Ministerio Público, para lo que dicho órgano estime procedente.
El borrador del informe de la investigación debe votarse en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para que se le dé firmeza.
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Desde el 2022, el Banco Central inició un proceso en el cual exigió datos a entidades públicas y privadas. A mediados de dicho año, a Tributación le requirió el acceso mensual de los comprobantes electrónicos de los contribuyentes, información que se entrega desde entonces.
En noviembre del año pasado, a Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se le pidió el detalle pormenorizado de deudores del sistema financiero.
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Pero debido a la negativa de la funcionaria, el BCCR requirió los datos de operaciones crediticias al BAC Credomatic, Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular. Solo el Nacional no la brindó, el resto la dio de manera íntegra.
La superintendenta y Bernardo Alfaro Araya, entonces gerente del Banco Nacional, fueron denunciados penalmente por el BCCR por no dar la información de clientes bancarios.
Perjuicio reputacional
El documento legislativo señala que la actuación de los jerarcas del ente emisor habría provocado una tensión innecesaria entre las instituciones responsables de salvaguardar la estabilidad económica y financiera del país, además de ocasionar un considerable perjuicio reputacional y de confianza del Banco Central.
En específico, el informe preliminar destaca la actuación del jerarca de la institución. “Se evidencia mediante una aparente falta de pericia y un comportamiento temerario en la dirección del Banco Central, concretamente por parte de su Presidente Ejecutivo, Róger Madrigal López, comportamientos nunca antes vistos por ningún presidente ejecutivo en el Banco Central”, se puntualiza en el informe.
En el caso de Hazel Valverde, gerente del BCCR, se cuestiona que denunciara penalmente a Rocío Aguilar por no entregar datos de deudores sin anonimizar, sin esperar el pronunciamiento de la Procuraduría sobre el caso, tal como había sido propuesto por la jerarca de la Sugef.
“Omitió agotar el proceso de diálogo y comunicación entre las instituciones, una práctica que había sido una tradición histórica. Esta acción no solo denota una falta de prudencia y precaución, sino que también revela un enfoque autoritario y desmesurado”, se recalca en el documento legislativo.
Al Banco Central se le recomienda, en el informe preliminar, revisar las supuestas actuaciones temerarias por parte de Valverde, además de priorizar el diálogo y la prudencia antes de recurrir a acciones legales.
También se sugiere evaluar los procesos de obtención de datos, considerando que estos no son “bienes de difunto” ni propiedad de las instituciones, sino de los usuarios.