El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) podrá ampliar la ayuda que brinda a las personas con discapacidad y a jóvenes mayores de 18 años egresados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La decisión es posible gracias a que la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró quiénes son sujetos de asistencia del Instituto.
El anterior presidente del IMAS, Carlos Alvarado, fue quien presentó la consulta a la PGR debido a que no estaban claras las interpretaciones de los incisos h y k del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
El inciso h dice: “Se otorgarán aportes en dinero efectivo, como asignación familiar, por un porcentaje de cero coma veinticinco (0,25%), a los trabajadores de bajos ingresos que tengan hijos o hijas con discapacidad permanente o menores de dieciocho años, o mayores de dieciocho años y menores de veinticinco años, siempre y cuando sean estudiantes de una institución de educación superior”.
No obstante, no estaba claro si se trataba solo de trabajadores formales, explicó Alvarado.
En su respuesta, la PGR señala que el concepto “trabajador” debe ser interpretado en un sentido más amplio que el estricto concepto laboral, sino con la finalidad de la asignación social creada, la cual es asistir a personas que cuiden de hijos con discapacidad permanente y que tengan bajos ingresos.
El inciso k señala: “Se destinará un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) a la creación de un Programa de Prestaciones Alimentarias a cargo del Estado, cuyas personas beneficiarias serán jóvenes de albergues operados por el Sistema Nacional de Protección Especial, egresados en razón de haber alcanzado su mayoría de edad”.
En este caso la ley señala una serie de condiciones y según Alvarado no estaba claro si el beneficiario debía cumplir una o todas. La Procuraduría aclaró que no se requiere cumplir todas para recibir la ayuda.
Según información del Sistema de Información de Alternativas de Protección del PANI, durante el año pasado 15 muchachos salieron de los albergues por cumplir la mayoría de edad.
Alvarado estimó que hay unos ¢3.000 millones para atender a ambos grupos. La Contraloría General de la República llamó la atención al IMAS este año por la baja ejecución de ese rubro.
Flor Gamboa, jefa de operaciones regionales del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, informó que el 11 de mayo se reunirá la comisión que analiza la aplicación de estos artículos para continuar su trabajo con los insumos dados por la Procuraduría.