El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) abrió un procedimiento ordinario contra Aldesa por posibles incumplimientos en la concesión del Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP), al no contar con capacidad económica para desarrollar el proyecto Monte del Barco y arrastrar deudas en impuestos municipales desde el 2017.
El ICT informó a La Nación de que el Consejo Director PTGP recomendó a la Junta Directiva del Instituto iniciar un procedimiento administrativo ordinario contra los concesionarios Inversiones Monte del Barco e Inversiones Goda, mediante las cuales Aldesa obtuvo el derecho para desarrollar su iniciativa turística.
El Consejo hizo un proceso previo contra la empresa, según el acuerdo CDP-108-2022. La medida se tomó después de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) determinara, en junio pasado, de que la empresa bursátil está en quiebra técnica.
Ahora, la Junta Directiva del ICT será la encargada de decidir si revoca el permiso brindado a Aldesa, pues la ley que creó el Polo Turístico Golfo de Papagayo dicta que dicho órgano es el encargado de otorgar y quitar los permisos de explotación.
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El Instituto informó de que el proceso es de carácter confidencial, por lo cual no podrá brindar más detalles hasta que se tome una decisión.
Javier Chaves, presidente de Aldesa, dijo que la decisión de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de solicitar la liquidación del proyecto Monte del Barco destruyó todo el valor del proyecto en perjuicio de los inversionistas.
Añadió que con el cierre de las empresas de Monte del Barco se perderán las hectáreas otorgadas en concesión las cuales constituían el aspecto más valioso del proyecto, pues están frente al mar.
Chaves negó que exista una supuesta deuda municipal porque la empresa pagó de más sus obligaciones y existe un reclamo sobre la diferencia por lo cual, dijo, no es una razón para quitar la concesión.
El proyecto de desarrollo Monte del Barco posee la concesión de los terrenos en el Golfo de Papagayo, desde 1996, cuando el ICT otorgó el derecho de explotación en los terrenos públicos. La iniciativa turística es un desarrollo que cuenta con 432 hectáreas de terrenos, de las cuales 31,6 hectáreas corresponden a propiedades otorgadas en concesión por el ICT.
Esta obra enfrentó múltiples escollos para su concreción, desde económicos hasta legales. Por ejemplo, en el 2019, la Directiva del ICT canceló las concesiones en el polo turísticos, pero tres meses después las devolvió.
La iniciativa tenía previsto el desarrollo de un hotel de lujo de 140 habitaciones, un campo de golf, y la venta de contratos de residencias.
Para desarrollar la iniciativa, el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco de Aldesa recibió la autorización para captar recursos del público, en noviembre del 2007. La firma bursátil acumuló deudas por $63,4 millones con diferentes acreedores.
Proceso en marcha
El Consejo Director del Polo Turístico fundamentó la apertura del procedimiento en que los concesionarios deben comprobar su solvencia moral y económica para desarrollar su iniciativa, pues así lo dicta el Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.
Además de que existe el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales de Aldesa, con el Polo Turístico Golfo de Papagayo, debido a las deudas con la municipalidad de Carrillo, en Guanacaste, en el pago de los impuestos de bienes inmuebles y las tasas de mantenimiento de ornato de parques, desde el 2017.
William Rodríguez, presidente ejecutivo del ICT, confirmó que el impago al municipio del concesionario no será asumido por el Instituto. “No deberíamos tener razón para asumir una deuda que no hemos contraído”, recalcó.
Como parte del proceso, el Consejo Director solicitó información sobre el caso Aldesa a Alicio Rodríguez, interventor de Aldesa.
El Conassif revocó, en junio pasado, la autorización de oferta pública del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco de Aldesa, lo cual implicó el cierre de la firma, porque era inviable financieramente al encontrase en quiebra técnica.
La decisión se tomó después de recibir el informe final de la intervención hecha a la entidad bursátil.
Un mes después de la decisión del Conassif, es decir, en julio anterior, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la empresa por incapacidad de poder efectuarse un convenio preventivo de acreedores ante la imposibilidad de la empresa de pagar sus deudas.
Javier Chaves, presidente de Aldesa, acudió, en marzo del 2019, a la vía judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas. La mayoría de la deuda son del proyecto inmobiliario Monte del Barco, ubicado en el Polo Turístico de Papagayo, en Guanacaste.
Colaboró la periodista Paula Umaña.