El gobierno hondureño, al mando de Xiomara Castro, y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para acceder a unos $830 millones, según anunció el FMI en un comunicado emitido este viernes.
El acuerdo, que abarca un período de 36 meses y se enmarca en el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), tiene como propósito proporcionar financiamiento para respaldar las políticas de reformas económicas del país centroamericano, según detalla el documento.
Este acuerdo se encuentra actualmente pendiente de la aprobación por parte del directorio del FMI, un trámite que generalmente se considera rutinario.
Ricardo Llaudes, el jefe de la misión del FMI para Honduras, afirmó que la economía hondureña ha demostrado una notable resiliencia ante diversos factores tanto internos como externos, incluyendo la pandemia, desastres naturales, la crisis en Ucrania y la desaceleración económica mundial.
En abril, el FMI proyectó un crecimiento del 3,7% para la economía hondureña en el presente año. Sin embargo, este viernes advirtió que el crecimiento y la generación de empleo dependen en parte de la sostenibilidad del sector energético.
El país enfrenta problemas sociales y estructurales, incluyendo una alta vulnerabilidad al cambio climático. Para abordar estos desafíos, se considera necesario aplicar políticas y reformas que fomenten la diversificación económica y la inclusión social, según el análisis de Llaudes.
El programa de reformas hondureño se apoya en varios pilares, entre ellos la preservación de la actividad macroeconómica y la ampliación del espacio fiscal para respaldar inversiones y gastos sociales.
En este contexto, se destaca la propuesta de una reforma tributaria de gran alcance que busca que los grandes empresarios contribuyan con impuestos. Sin embargo, esta propuesta ha generado oposición en el Congreso, donde la oposición, mayoritaria, se opone a su aprobación.
El FMI sostiene que esta reforma podría reducir exenciones fiscales sobre la renta y, al mismo tiempo, mantener la competitividad de la economía hondureña.
Esta reforma generó controversia en el sector privado, que teme que su aprobación resulte en la pérdida de miles de empleos. El gobierno argumenta que tras el golpe de Estado de 2009, los gobiernos subsiguientes eximieron a las empresas de impuestos por un monto que supera la deuda pública total de Honduras, que asciende a $20.000 millones.
El FMI subrayó la importancia de que, en caso de aprobarse, la reforma tributaria se aplique de manera transparente y predecible. Además de las medidas fiscales, las reformas también buscan fortalecer la política monetaria y mejorar la transparencia, así como combatir la corrupción.
Estos aspectos están alineados con las promesas de campaña de la presidenta Castro, quien busca establecer un organismo para combatir la impunidad en el país.