El Ministerio de Trabajo pretende abaratar el costo que tendrá para patronos y trabajadoras domésticas el pago del seguro social de las empleadas, sobre todo, las que laboran por horas.
La subvención será de ¢1.250 millones que Trabajo incluyó en el proyecto de Presupuesto Ordinario del 2017 ante la Asamblea Legislativa; la partida sería transferida a la CCSS.
Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado.
Además, el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, explicó que tratarán de incluir el monto completo.
“En un primer momento, el Ministerio de Hacienda hará las gestiones que correspondan, a la luz de la formulación del Presupuesto Nacional, para incluir la totalidad de ese monto y que empiece a ejecutarse el próximo año”, dijo Pacheco a La Nación .
Con este dinero, se pretende que el Gobierno subsidie los costos de aseguramiento de las servidoras domésticas, el cual es un porcentaje bajo.
A junio, había 21.232 hogares con servicio doméstico con seguro de salud (generalmente es un trabajador por hogar) y 20.351 con seguro de pensiones, registrados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La cifra de aseguramiento es baja si se compara con los casi 157.000 hogares como empleadores que consignó la Encuesta de Hogares de julio del 2015 o los casi 140.000 que captó la Encuesta Continua de Empleo del segundo trimestre del 2016.
Según la CCSS, 170.575 laboran como empleadas domésticas y, de ellas, el 70% por horas.
Una de las razones de la baja cobertura es que los porcentajes de seguros de pensiones y de salud se cobran sobre una base mínima de un tiempo completo, aunque la persona trabaje solo unas horas. Esto hace que el costo total de las cargas sociales que aporta el patrono pueda llegar a ser un monto similar al salario pagado.
Para enfrentar esta dificultad, la CCSS aprobó bajar a la mitad la base mínima contributiva (actualmente en ¢208.097).
Según la CCSS, la cobertura ronda el 14% y con esta medida pretenden elevarla a una cifra de 40% a 50% en cinco años.
El investigador de la Universidad de Costa Rica y exdirectivo de la CCSS, Pablo Sauma, comentó que lo que más le preocupa de la medida es que el reglamento para aplicarla esté muy bien elaborado para evitar los portillos.
Financiamiento. La dificultad de la medida es que no hay cómo financiarla, en un momento en el cual el déficit del Gobierno es alto y la carga de la deuda aumenta (este año se estima en un monto equivalente al 6% del PIB).
“Al no existir una fuente de financiamiento específico que lo cubra, este monto sería financiado por medio de deuda o por recortes adicionales a partidas de gasto corriente”, dijo Pacheco.
Agregó que Hacienda ve con buenos ojos cualquier medida tendiente a elevar la cobertura de la seguridad social, especialmente en grupos vulnerables. “Eso sí, por el contexto fiscal prevaleciente, preocupa la inexistencia de una fuente propia de financiamiento que, a la larga, pueda afectar el cumplimiento de la política en el mediano plazo”.