El uso de los convenios bilaterales de información tributaria permitieron al Ministerio de Hacienda determinar una evasión impositiva de $3,6 millones por parte de empresas exportadoras. Así se reveló en el informe Transparencia Fiscal en América Latina 2022, presentado este martes 3 de mayo, que realiza una evaluación sobre la transparencia y el intercambio de datos fiscales entre países latinoamericanos, con el objetivo de reducir la evasión y la elusión.
El documento, elaborado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hizo un repaso de cómo una fiscalización regular a una empresa costarricense, dedicada al negocio de producción y venta de frutas, finalizó con la determinación de impuestos dejados de pagar por varios periodos fiscales.
En la investigación, la Dirección General de Tributación (DGT) determinó que la empresa productora era la que hacía la venta directa al extranjero, pero no era la que recibía los pagos, sino que se hacía mediante una compañía intermediaria, que era una sociedad vinculada a la productora de frutas.
La DGT solicitó el intercambio de información preventiva a varios países porque la empresa productora siempre informaba de pérdidas en sus declaraciones. A Tributación se le envió, desde diferentes naciones, copias de los contratos entre las partes, el detalle de las cantidades de frutas compradas, los precios de las facturas, los nombres de las entidades financieras y las cuentas bancarias en las que se depositaron los pagos.
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“El procedimiento de auditoría concluyó que los beneficios se estaban trasladando artificialmente a otra empresa que no realizaba ninguna actividad económica. Se hizo un ajuste (impositivo) que generó diferencias en la cuota tributaria a favor de la DGT por un total de $3,5 millones”, se detalla en el documento.
Carlos Vargas, director de Tributación, comentó que el intercambio de información permite mejorar el comportamiento voluntario de las empresas, sin tener que llegar al establecimiento de un procedimiento de auditoría, el cual puede tardar años.
“La herramienta fortalece las capacidades de fiscalización (para el Gobierno) en el caso de que se detecte alguna anomalía. El uso del intercambio de información es reciente porque el país cumple con este requerimiento desde el 2018”, comentó Vargas.
El funcionario destacó que las más recientes fiscalizaciones, en la cual se pidió colaboración a otros países, se hicieron precisamente a empresas vinculadas a la agricultura cuyo último destino del producto era Estados Unidos o Europa.
Poco uso
El informe de Transparencia Fiscal en América Latina 2022 hace una revisión del cumplimiento de compromisos de colaboración en la región establecido en la Declaración de Punta del Este, firmada por 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Bolivia está como país observador, pero aún no ha suscrito el documento.
El informe encontró que, al cierre del 2021, estas naciones latinoamericanas habían logrado ingresos tributarios adicionales a raíz del intercambio de información. Sin embargo, el estudio determinó que la utilización de la herramienta es baja.
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“Esperamos ayudar a desarrollar aún más las capacidades locales, para lograr sistemas fiscales más transparentes en beneficio de todos los países latinoamericanos y sus ciudadanos”, dijo Zayda Manatta, jefa de la Secretaría Global de Transparencia Tributaria de la OCDE.
Manatta comentó que una de las debilidades regional es que el conocimiento del intercambio automático de información tributaria es medio en 10 países, y solo en seis consideraron de conocimiento alto.