La cantidad de bonos de vivienda formalizados en el 2022 por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), tocó un mínimo que no se veía desde 1999, cuando se otorgaron 6.621 de estos beneficios; mientras que el monto total colocado registró dos años consecutivos en caída, con una cifra que no se veía desde el 2015.
El año pasado, el Banhvi formalizó 8.369 bonos, 3.059 menos que los entregados en el 2021, cuando se alcanzaron los 11.428 beneficios. La cifra se contrajo en los últimos dos años, y es la primera vez desde el 2014 que no se sobrepasa la barrera de los 10.000 subsidios dirigidos a familias de ingresos medios, escasos recursos, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y adultos mayores.
Dagoberto Hidalgo Cortés, gerente general del Banhvi, explicó que entre las principales razones que influyeron en la baja colocación de bonos familiares de vivienda el año pasado está el recorte presupuestario al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), durante los últimos tres años, pues es el que da contenido económico al beneficio.
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El Fosuvi debe recibir al menos 18,07% de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi.
Anteriormente, el fondo también se nutría del 3% de los presupuestos nacionales, ordinarios y extraordinarios, aprobados por la Asamblea Legislativa, pero ese financiamiento se eliminó con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el 2018.
Según Hidalgo, el Banhvi experimentó recortes por ¢16.528 millones, en el 2020; por ¢20.833,1 millones para el 2021, y por ¢21.476,3 millones para el año anterior. El total acumulado que la entidad dejó de percibir en estos tres años fue de ¢58.837 millones.
Además de los recortes, Hidalgo comentó que la baja colocación también responde al incremento en los precios de los materiales de la construcción, así como de la aplicación, de forma escalonada, del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios de construcción, que encarece los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y la construcción de obra civil.
“La suma de estos factores influye en que los recursos económicos disponibles sean menores, lo que se traduce en una baja en el número de viviendas financiadas”, comentó el gerente general de la entidad.
Carlos Trejos, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), reconoció que es necesario que se revierta la disminución de recursos que afecta al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, para facilitar el acceso a un techo a los hogares de menores recursos.
“Mantener los niveles de inversión pública en vivienda social para hacer posible el otorgamiento de soluciones para las personas de menores recursos, además de ser una política social para permitir el acceso a vivienda digna para la población más desfavorecida, resulta fundamental para la dinamización de la economía nacional por los encadenamientos productivos y poder de arrastre del sector construcción”, comentó Trejos.
Por su parte, Verónica Alfaro, directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), explicó que con una menor colocación de bonos, la demanda de viviendas es menor, lo que puede conllevar a una disminución en la construcción de este tipo de modelos, que se suman a otros factores que están originando una desaceleración en el sector constructivo.
Inversión en caída
De la mano con la disminución en la formalización de los bonos de vivienda desde el 2020, el monto de inversión, es decir la cantidad de dinero que destina el Banhvi para otorgar este beneficio, viene cayendo en los últimos dos años. Según la entidad, esta es otra consecuencia de los recortes que han enfrentado.
Con base en los datos de las memorias anuales del Banco se puede apreciar que, en el 2020, el monto invertido por la entidad en este beneficio social fue de ¢120.713,88 millones, para el 2021 fue de ¢115.648,98 millones y en el 2022, alcanzó los ¢84.603,32 millones.
En cuanto al presupuesto del Fosuvi, este pasó de recibir ¢125.533,7 millones en el 2019, a ¢98.427,4 millones para el año pasado. Para este 2023 la cifra aprobada es de ¢108.425 millones, pero el Banhvi mantiene un proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda sobre el destino final de una partida de ¢10.000 millones.
Por esa razón, el presupuesto que se está ejecutando en este momento es de ¢98.425 millones, indicó la entidad. Según la memoria anual del Banhvi, el efecto de los recortes desde el 2020 al 2023 (en cuatro años) se traduce en 6.815 viviendas menos, 289.637 metros cuadrados sin construir y la pérdida de 26.067 empleos.
Hidalgo comentó que a raíz de la disminución en los presupuestos tomaron algunas medidas como mantener cerradas las ventanillas para recepción de nuevas solicitudes de bono por un periodo de 18 meses, entre junio del 2021 y enero del 2023.
Actualmente, las ventanillas están abiertas y se reciben solicitudes nuevas, sin embargo, el gerente general puntualizó que la colocación de bonos debe ajustarse al monto de recursos que les transfiere el Ministerio de Hacienda, por lo que han tenido que revisar y ajustar las metas de formalización de estos beneficios.
Afectados
Melizandro Quirós, director ejecutivo del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi), manifestó que la baja formalización de bonos de vivienda incide directamente en las poblaciones más vulnerables, principalmente de zonas rurales.
“Los grupos de ingresos más bajos, de los quintiles I y II, son los más golpeados. A nivel geográfico, ese impacto se puede maximizar en las zonas rurales, y dentro de esas poblaciones, también hay un impacto en familias jóvenes y grupos de madres solteras que son unos de los más beneficiados con este programa social”, comentó Quirós.
Para el 2022, la mayor parte de los recursos colocados se concentró en las familias de menores recursos, con el 83,5% (6.987) de los bonos entregados a núcleos con ingresos ubicados entre los dos primeros estratos de ingresos. En cuanto a cantones, destacan en la entrega de bonos Pococí (657), San Carlos (643), y Pérez Zeledón (671).
De acuerdo con Quirós, en este escenario de menores ingresos para el financiamiento de bonos de vivienda, los procesos de selección para recibir el beneficio podrían volverse más complicados para el Banhvi.
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Por su parte, Verónica Alfaro afirmó que la baja colocación de bonos implica que un segmento vulnerable de la población tenga dificultades para cumplir con los requisitos económicos necesarios para obtener una vivienda, lo cual contribuye a un posible aumento en el déficit habitacional.
Según el director ejecutivo del Cenfi, las familias con menos ingresos tienen un panorama que es cada vez más complejo para contar con una vivienda propia, pues la reducción en la formalización de bonos se conjuga con una mayor dificultad en el acceso al crédito para esos grupos poblacionales.
“Esa población de los dos quintiles de menos ingresos tiene menos posibilidades de tener una vivienda propia. Costa Rica tiene niveles de vivienda propia altos en estos quintiles, que históricamente se debe mucho al Banhvi”, comentó Quirós, quien añadió que muchas de esas familias están destinadas a alquileres de baja calidad o a la precarización.
Déficit habitacional
En Costa Rica, unas 148.287 familias carecían de vivienda digna en el 2022 (no tenían del todo o tenían pero en mal estado). Esta cifra disminuyó en 2019 y 2020, años en que los bonos formalizados y el monto entregado a las familias alcanzaron un punto máximo.
Para el 2022 también hubo una reducción en el déficit habitacional pero fue más modesta. En ese año decreció en 3.260 unidades respecto al 2021.
Según una actualización del déficit habitacional del país, en el 2022 había 11.437 núcleos familiares sin casa y otros 136.850 tenían una residencia en mal estado, con problemas en techos, paredes y pisos. Esta estimación hecha por el Cenfi se basa en la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada en julio del 2022.
Hay dos formas de medir el déficit, la cuantitativa, que es el exceso de hogares por encima de las viviendas, y la cualitativa, que son las viviendas que requieren mejoras. Para el primer caso, se registró un déficit de 11.437 viviendas en el 2022, unas 4.478 menos que en el año previo.
Sin embargo, en términos absolutos, esa caída fue menor a la registrada en el 2021 respecto al 2020, cuando se redujo en 7.205 casas, al pasar de 23.120 a 15.915. En el 2017 el faltante era de casi 28.000.
En tanto, el déficit cualitativo más bien aumentó y representó el 43,9% del total de viviendas que hay en el país. Este indicador está compuesto por las casas en mal estado y en condición regular, que juntas suman un total de 755.532 viviendas.
Para el cálculo del déficit habitacional solamente se consideran las viviendas malas, que son aquellas que tienen pisos, techos y paredes en mal estado. En el último año, ese rubro alcanzó las 136.850 casas, 1.218 más respecto al 2021, para llevar el déficit a 148.287 viviendas.
Hasta el 15 de junio del 2023, el Banhvi había formalizado 4.139 operaciones de bono, por un monto de ¢50.106 millones. En este año proyectan la colocación de entre 9.000 y 10.000 beneficios, con base en un presupuesto de ¢98.425 millones.