Los directivos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Miguel Cantillo Simón y Marta Eugenia Soto Bolaños, reconocieron ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público que la solicitud de datos sin anonimizar de deudores dañó al ente emisor, a la Superintendencia General de Entidades Financieras y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Durante la comparecencia, los diputados expresaron sus cuestionamientos respecto a la actuación del Central en relación a cómo se manejó la solicitud de información de deudores con identificación, así como sobre la denuncia presentada contra Rocío Aguilar Montoya, jerarca de Sugef.
La legisladora Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional, planteó preguntas sobre cómo se gestionó la denuncia penal contra la superintendenta y señaló que, en ese momento, Aguilar Montoya estaba realizando una consulta a la Procuraduría General de la República con respecto a la solicitud de datos.
Álvarez consultó a los directivos de la autoridad monetaria si creían que esta denuncia penal afectaba la relación del Banco Central con la Sugef, dado que consideraba que Aguilar Montoya actuaba de buena fe al buscar el criterio legal de la Procuraduría.
“Nosotros no sabíamos que doña Rocío le había hecho esa consulta a la Procuraduría (...) ¿Qué si daña las relaciones con el Conassif y la Sugef? Totalmente. Es una cosa terrible que tengamos que estar aquí, en estos pleitos, porque daña a los dos, al Banco Central y a ellos”, lamentó Cantillo Simón.
Por su parte, Marta Eugenia Soto Bolaños señaló en su intervención final que el Banco Central deseaba abordar el conflicto con Sugef de manera discreta, reconociendo la delicadeza de la situación. “El Banco no llevó esto a la opinión pública, y esto ha causado un gran daño a la imagen del Banco Central, afectando al Sistema Estadístico Nacional”, agregó.
La directiva del ente emisor aseguró que la decisión de recurrir a la Procuraduría para obtener orientación sobre la solicitud de datos fue una acción unilateral de Sugef, a pesar de que existía un acuerdo previo entre las partes para acudir a esa instancia con el fin de abordar conjuntamente las diferencias.
“¿Por qué se puso la denuncia? Porque de acuerdo con la ley del Sistema Nacional de Estadística, al no cumplirse, había que ponerla. En ese momento supimos que doña Rocío, unilateralmente, se había ido a la Procuraduría a hacer la consulta”, comentó Soto Bolaños.
Por otro lado, la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), manifestó que quedaba en evidencia que el proceso de comunicación y coordinación entre el Banco Central y la Sugef muestra deficiencias y sugirió la búsqueda de solución a esta situación.
Aparte de Cantillo Simón y Soto Bolaños, comparecieron Max Alberto Soto Jiménez y Jorge Guardia Quirós, directivos del Banco Central, así como del ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, quien también forma parte de la Junta Directiva del Central.
El presidente del Banco Central, Róger Madrigal López, no pudo asistir debido a un viaje fuera del país, y Silvia Charpentier Brenes, vicepresidente de la Junta Directiva, tampoco estuvo presente por la misma razón.
FMI no pidió datos sin anonimizar
La Junta Directiva reiteró que la solicitud de datos sin anonimizar a Sugef se basó en la necesidad de crear estadísticas para analizar los riesgos hidrometeorológicos del Sistema Financiero Nacional (SFN), especialmente los relacionados con las inundaciones, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El diputado Francisco Nicolás, del Partido de Liberación Nacional (PLN) preguntó directamente a Cantillo Simón si el FMI había solicitado datos sin anonimizar para elaborar el informe sobre riesgos hidrometeorológicos, a lo que el director respondió que el organismo no había hecho tal solicitud.
Sin embargo, Soto Jiménez argumentó que no era posible construir el repositorio de estadísticas acordado con el FMI sin contar con la identificación de los deudores, ya que esta información es la clave para relacionar las bases de datos y elaborar el indicador de riesgos climáticos.
El pasado viernes, Santiago Acosta Ormaechea, representante residente del FMI en Costa Rica, confirmó a La Nación que el organismo no dicta cómo se recopila la información para cumplir con los acuerdos de generación de estadísticas y que se debe mantener un equilibrio entre las necesidades de datos y la protección de la privacidad.
Desembolsos en riesgo, según directivos
Los directivos Miguel Cantillo Simón y Max Soto Jiménez destacaron que el incumplimiento del acuerdo con el FMI para generar estadísticas sobre riesgos hidrometeorológicos ponía en riesgo los desembolsos pendientes del organismo multilateral para el país.
La consulta fue hecha por la diputada Kattia Cambronero, quien preguntó cuáles son las consecuencias de incumplir con el acuerdo establecido con el FMI para el desarrollo de nuevas estadísticas, para las cuales necesitan datos sin anonimizar, de acuerdo con la postura del BCCR.
Soto Jiménez explicó que las fechas de revisión de los acuerdos con el FMI permanecían invariables y mencionó que el país tenía dos acuerdos en curso: el Servicio Ampliado y el del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, este último aún pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.