La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, emitió el dictamen positivo a la operación de crédito por cerca de $725 millones del Programa de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF por sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo del emisor, tomado en la sesión del órgano colegiado del pasado 22 de junio, responde a una solicitud de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, luego de que el organismo financiero internacional pidiera la aceleración en el proceso de aprobación.
El 1.º de mayo, la misión del FMI que se encontraba en Costa Rica, solicitó a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa aprobar de forma expedita este financiamiento que se encuentra contenido en el expediente número 23.660, denominado Aprobación del financiamiento con el FMI a través de la modalidad del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad.
La solicitud, realizada por jefe de la misión del FMI, para Costa Rica, Ding Ding, fue que el proyecto de financiamiento internacional pudiera estar aprobado para junio próximo.
Este crédito –que es distinto del programa de reformas económicas del Servicio Ampliado del FMI (SAF)– lo firmó el Poder Ejecutivo en noviembre pasado y llegó al Congreso hasta el 28 de marzo. Fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de abril.
En ese momento, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, informó a la prensa de que la iniciativa recién había ingresado a la corriente legislativa pocos días antes, por lo que tuvieron que responderle al Fondo que sería imposible aprobarlo para junio. No obstante, comentó que, pese a los tiempos obligatorios del trámite parlamentario, los diputados intentarían realizar la aprobación lo más pronto posible.
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El BCCR indica en su dictamen, que la solicitud del mismo fue remitido por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, mediante el oficio AL-CPAHAC-032-2023, el 1.º de junio.
Criterio del BCCR
El dictamen del BCCR, aprobado en el acta de la sesión 6125-2023, celebrada el 22 de junio del 2023, señala que las condiciones financieras de este crédito (plazo, periodo de gracia, tasa de interés y comisiones) “son favorables en relación con las que se podrían negociar en el mercado financiero local e internacional”.
El texto añadió que por su naturaleza, esta operación permitirá sustituir deuda en condiciones de mercado y no conlleva un mayor gasto respecto a lo contemplado en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional de 2023.
Agregó que este empréstito no generará desvíos respecto a lo contemplado en la revisión de las proyecciones macroeconómicas del Banco Central incluidas en el Informe de Política Monetaria de octubre de 2022, en particular, en el nivel de la deuda pública interna y externa, la balanza de pagos y las variables monetarias.
Desde la perspectiva macroeconómica y financiera, el BCCR estima que esta operación apoya las mejoras en la gestión de liquidez y de deuda pública, dado que se contrataría en condiciones financieras relativamente más favorables y con ello impacta positivamente el resultado financiero del Gobierno.
La Ley de Contratos de Financiamiento Externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley 7010, establecen la obligación de las entidades públicas de solicitar la autorización previa del Banco Central cuando pretendan contratar endeudamiento interno o externo.
El BCCR señala que la Junta Directiva analizó esta operación de crédito y rindió dictamen positivo en el acta de la sesión 6088-2022, del 26 de octubre del 2022, fecha previa a la firma del préstamo realizada por el Ejecutivo.
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El organismo internacional informó, este lunes 26 de junio, de que terminó la primera revisión del acuerdo del RSF, que deja disponible un primer desembolso por $245 millones. Para ello, sin embargo, aún está pendiente la aprobación en la Asamblea Legislativa.
Costa Rica es el primer país en acceder al RSF. La duración de este plan coincidirá con el periodo restante bajo el programa de reformas económicas del Servicio Ampliado del FMI (SAF).
Recientemente, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó con la cuarta revisión del SAF con lo que se aprobó un cuarto desembolso por alrededor de $274 millones.
En un comunicado publicado el 26 de junio, el organismo financiero aseguró que el nuevo giro eleva los desembolsos totales en virtud del SAF hasta alrededor de $1.121 millones, o su equivalente en derechos especiales de giro (825 millones de DEG).
El SAF fue aprobado por el FMI, el 1.º de marzo del 2021, por $1.778 millones (1.237 millones de DEG), fue suscrito por tres años, y luego ampliado por cinco meses más, en marzo del 2022.